Pujol recurre al Constitucional la ley de 'déficit cero' para dejar claro su alejamiento del PP

El PP sacó adelante, en octubre del año pasado y con el apoyo de Coalición Canaria, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, llamada de déficit cero. CiU intentó pactar 25 enmiendas, pero ante lo infructuoso de su iniciativa optó por romper una larga racha de apoyos a los proyectos de ley populares y votó en contra, al igual que PSOE, Izquierda Unida, PNV y Grupo Mixto. La ley en cuestión, calificada por la socialista Arantza Mendizábal de "LOAPA [Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico] financiera", obliga a las Administraciones autónomas y municipales a mantener el criterio presupuestario de que los gastos no superen a los ingresos, lo que a juicio de nacionalistas y socialistas supone injerencia y desconfianza del Gobierno central hacia las demás Administraciones.

El texto se aleja de lo que establece el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que permite un déficit de hasta el 3%.

La ley obliga a transmitir al Ministerio de Hacienda los planes que elaboren las comunidades para corregir los posibles desequilibrios presupuestarios, que se deben controlar desde ese departamento. Asimismo, otorga al Consejo de Política Fiscal y Financiera -un organismo integrado por el Gobierno y las autonomías, donde las dos partes tienen los mismos votos- poderes para fijar objetivos de estabilidad.

Las comunidades deben pedir autorización a la Administración central -de acuerdo con el articulado de la ley- para las solicitudes de crédito en el extranjero así como para la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público.