La Universidad invirtió 66 millones de euros en obras que debía realizar Barberá

El rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, y el vicerrector de Economía, Francisco Morales, denunciaron ayer que la dejación de la Administración municipal de Rita Barberá se ha comido 'un tercio del presupuesto total de inversiones' entre 1995 y 2002. 'La Universidad se ha gastado 66 millones de euros [11.000 millones de pesetas] en hacer ciudad'. Esto es, en expropiaciones para ampliar el campus, rehabilitación de dos edificios históricos, urbanismo y viales.

La junta de gobierno aprobó ayer el informe sobre la ejecución del primer y segundo plan de inversiones para infraestructuras universitarias de los periodos 1995-2001 y 1999-2002, presentado por el equipo rectoral saliente que dirige Pedro Ruiz hasta la elección del nuevo rector que se celebrará el próximo 26 de febrero. Morales recordó que en conjunto los dos planes de inversiones del sistema universitario público valenciano suponían en total para las universidades públicas valencianas 720 millones de euros (120.000 millones de pesetas), de los que llegaron a la Universidad unos 223 millones de pesetas (37.225 millones).

Sin embargo, en la práctica estas cantidades no pudieron destinarse específicamente a mejorar y ampliar los campus y la infraestructura universitaria solicitada y aprobada por la Generalitat, ya que la institución tuvo que 'asumir responsabilidades que no le corresponden'. Esto es, 'tener que hacer ciudad', en palabras de Francisco Morales, en el sentido literal de tener que urbanizar y señalizar las nuevas zonas universitarias que la Administración decidió ubicar en la avenida de Tarongers. Una situación -cuanto menos anormal- que no se ha producido en los caso de universidades como la Jaume I de Castellón o la de Elche, pero de la que tampoco ha escapado la segunda fase de ampliación de la Politécnica, que comparte sus instalaciones en la misma avenida.

En total, la Universidad ha gastado 4.400 millones de pesetas en urbanizar las nuevas calles (lo que incluye hasta los bolardos, la recogida de basuras, semáforos, carril-bici, pintura de señalización de tráfico, y las famosas farolas que promociona el Ayuntamiento a un precio superior al del mercado, etcétera), sin contar con otros 1.700 millones pagados por las expropiaciones del suelo público reservado en el PGOU que debía de haber costeado Barberá y otros 5.000 por dos edificios históricos 'emblemáticos' de la ciudada, como ha sido la primera sede civil de la Universidad con 501 años de antigüedad y la sede de la facultad de Ciencias (con observatorio de arquitectura patrimonial de los años 30).

'Las universidades son tratadas por los ayuntamientos como los promotores particulares', certificaron, al subrayar que la prioridad de ambos planes de inversiones era desmasificar el campus de Blasco Ibáñez con 40.000 estudiantes en los ochenta.