La Audiencia de Madrid reabre la investigación a un secretario de Estado

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que ordena reabrir una investigación judicial por supuesta prevaricación, entre otros delitos, contra el actual secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Benigno Blanco Rodríguez, y contra el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Ángel Sancho Marco. En el auto, notificado el pasado jueves a las partes, el tribunal ve 'indicios de criminalidad' en la actuación de varios ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente respecto al proyecto de construcción de un embalse sobre el río Ésera, dentro del término municipal de Santa Liestra (Huesca).

La Fiscalía de Madrid y el Ayuntamiento de Liestra, personados como acusación en las diligencias, afirman que Blanco aprobó la construcción de la citada presa sin que las obras dispusiesen 'del preceptivo y previo informe geológico y geotécnico' de los terrenos afectados por las obras. Blanco, según la fiscalía, dio luz verde al proyecto el 26 de mayo de 1997, cuando desempeñaba el cargo de secretario de Estado de Aguas y Costas de Medio Ambiente.

Escritos de acusación

Los jueces de la Sección 23 de la Audiencia ordenan al Juzgado de Instrucción 38 de Madrid que dé por concluida la investigación que desarrolla desde hace dos años y que inste a las partes para que, en su caso, formulen sus 'correspondientes escritos de acusación'. La Fiscalía de Madrid y el Ayuntamiento de Santa Liestra avanzaron que presentarán escrito de acusación contra los ocho querellados, entre ellos Blanco.

También figuran como querellados Carlos Manuel Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno Muñoz, jefe del área de inspección de presas de Medio Ambiente; José Ramón González Lastra, director general de la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental del mismo ministerio; Francisco Fiteni, jefe de la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Miguel Zueco Ruiz, ingeniero de caminos de la citada Confederación y director del proyecto del embalse, e Íñigo Barahona, coautor del proyecto de obras del embalse

El Ayuntamiento acusa a los imputados en la causa de prevaricación, riesgo catastrófico, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, delito contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales.

El tribunal señala en su auto que 'los querellados han admitido en su declaraciones, de una u otra forma, que el proyecto [de creación del embalse] se aprobó sin realizar los sondeos y estudios de terreno geológicos y geotécnicos'. Los querellados, en sus respectivas declaraciones, han mantenido que lo aprobado no fue 'el proyecto de construcción definitiva' [del embalse], 'sino un simple proyecto previo de construcción posterior' y que ése es el motivo de que no existiesen los citados y preceptivos informes.