El Gobierno regional planea enterrar la red de alta tensión en 'pasillos eléctricos'

El Consejo del Gobierno regional acordó ayer, en cumplimiento de lo acordado por la Asamblea el pasado 13 de diciembre, la creación de una comisión de estudio que deberá elaborar, en el plazo de un año, el Plan Regional de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión, tal y como anunció el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Manuel Cobo. Uno de los puntos contenidos en dicho plan será el enterramiento de la actual red de alta tensión en 'corredores o pasillos eléctricos', con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de los tendidos eléctricos.

La comisión de estudio estará formada por representantes de las compañías eléctricas y de las Consejerías de Economía e Innovación Tecnológica, Medio Ambiente, Hacienda, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Justicia y Administraciones Públicas y Sanidad. Esta composición, según Cobo, 'garantiza que el plan que se elabore refleje todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo del suministro de energía'. El consejero explicó que el plan responde al 'aumento de la demanda de energía eléctrica', pero también a la creciente preocupación por los efectos sobre la salud de las torres de alta tensión en superficie.

El acuerdo adoptado por el Consejo del Gobierno de la Comunidad viene a desarrollar lo aprobado en el pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 13 de diciembre. Ese día, los partidos políticos de la Cámara madrileña instaron al Ejecutivo regional a elaborar un plan regional de infraestructuras eléctricas de alta tensión que permitiera el soterramiento de las redes distribuidoras de energía o la creación de pasillos o corredores por donde discurrieran dichas redes. A partir de ahora, el Ejecutivo determinará los objetivos del plan y creará los corredores por donde discurrirán las líneas de alta tensión. El plan tendrá que estar listo en el plazo de un año.

Atención al ciudadano

El Consejo de ayer aprobó también la unificación en un solo decreto de toda la normativa existente sobre atención al ciudadano y se comprometió a responder a las sugerencias de los madrileños en no más de 48 horas y a sus reclamaciones (quejas ante la atención dispensada por organismos públicos) en un plazo inferior a 15 días. El acuerdo concentra en un único decreto toda la normativa que rige en la actualidad en materia de atención al ciudadano en la Comunidad: la información, el registro de documentos y el sistema de sugerencias y reclamaciones. La información se facilitará a los madrileños a través de Internet, correo regular o el servicio teléfónico del 012.

Por último, el Consejo dio el visto bueno al contrato-programa que fija la finaciación que la Comunidad aportará a las universidades de la región durante el periodo 2001-2005.

El importe total destinado será de 3.692.203.671 euros (más de 614.000 millones de pesetas). La distribución por centros es la siguiente: a la Universidad Complutense irán casi 272 millones de euros (45.250 millones de pesetas); a la Autónoma, 93 millones (15.475 millones de pesetas); a la Politécnica, 154 millones (25.625 millones de pesetas); a la de Alcalá, 53 millones (8.820 millones de pesetas); a la Carlos III, 48 millones (7.985 millones de pesetas); a la Rey Juan Carlos, 34 millones (5.650 millones de pesetas); a la Politécnica INEF, 4,8 millones (800 millones de pesetas), y al centro de Estudios Superiores Felipe II, 2,4 millones (400 millones de pesetas). Según Cobo, esto supone un aumento del 19,4% sobre el presupuesto de 2001.