La ley de movilidad

En poco tiempo, al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas le han entrado las prisas y ha elaborado una cantidad tal de normativas sobre transportes y movilidad que nos está dejando perplejos. Ahora es el turno de la ley de movilidad, cuyo anteproyecto está en este momento en periodo de información pública. La ley quiere ser ambiciosa y especialmente innovadora, y en ciertos aspectos lo es, aunque es una normativa que carece de definición y parece que va con el freno de mano puesto.

La movilidad, o lo que es lo mismo la suma de desplazamientos que realizamos los ciudadanos, utilizando (o no) medios de transporte mecánicos, tiene siempre una dimensión territorial, otra social y una tercera medioambiental. Una ley de movilidad que quiera ser una normativa para solucionar los enormes problemas de la movilidad y quiera dar instrumentos operativos a los municipios y a los ámbitos supramunicipales tiene que considerar estas tres dimensiones, ya que si no entrará directamente a engrosar la lista de normativas inútiles. Y no porque no sea oportuna o necesaria, que sí lo es.

En otros países, o incluso en la normativa europea, se tiene muy claro que atajar el problema de la movilidad tiene que hacerse desde esta perspectiva tridimensional. Así, por ejemplo, el ministerio de transporte y política municipal de Gran Bretaña está elaborando un proyecto para que la accesibilidad a las actividades cotidianas, y especialmente a los lugares de trabajo, sea un derecho de todos, independientemente de la renta per cápita o del uso que uno pueda hacer de un automóvil. Desde Europa, se argumenta cada vez con más insistencia que un cambio de rumbo en la movilidad es indispensable para solucionar el escollo del medioambiente. Un buen ejemplo lo tenemos en el Libro Blanco del Transporte, elaborado por la Comisión Europea, que apuesta por racionalizar el uso de ciertos medios de transporte y por reelaborar los conceptos en torno a la movilidad para el beneficio de nuestro medioambiente. También una de las últimas publicaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente se plantea si vamos en la buena dirección en las políticas de movilidad europeas. Recogiendo lo que propone Europa, esta ley tendría que integrar al peatón como un elemento fundamental de la movilidad o se tendría que hablar del derecho a la accesibilidad, que todo ciudadano tiene como un derecho fundamental de ciudadanía, entre otras muchas cosas.

Sin embargo, el flanco más flojo de esta ley está en la dimensión territorial, ya que ni queda claro cuáles son los ámbitos territoriales que tendrán competencia en los planes directores que propone, ni relaciona la movilidad con el urbanismo o la ordenación del territorio. Vamos por partes. Si existe alguna solución a los crecientes problemas de movilidad, especialmente en las áreas urbanas, tendrá que buscarse en el desarrollo urbano. Si la movilidad es la suma de unos desplazamientos para superar la distancia entre un origen y un destino con el fin de realizar actividades diversas, las características que tiene esta distancia, y por tanto las opciones de desplazamiento que tenemos los ciudadanos, vienen determinadas por el urbanismo. Sólo si diseñamos una ciudad o un ámbito urbano percibiendo que estamos diseñando también unos recorridos y unos desplazamientos, que permiten utilizar unos medios de transporte determinados, podemos influir en la movilidad. Esta normativa, para que sea un instrumento eficaz, tiene que recoger la dialéctica que existe entre la ciudad y la movilidad.

Pero además, los ámbitos de actuación donde tienen que desarrollarse los planes directores de la movilidad y los planes de movilidad urbana, no están definidos. En este aspecto, parece como si a la ley le diera reparo definir los criterios que tienen que determinar los ámbitos territoriales, a no ser que sean municipios o comarcas, con lo cual perpetúa un concepto superado en muchos ámbitos del país, como es el transporte urbano y el interurbano.Los ámbitos de movilidad cotidiana, que definen los ciudadanos en su quehacer diario, han superado, en muchos casos, estos criterios y el transporte ya no puede tener este calificativo sólo porque traspase un término administrativo. Precisamente, si la normativa tiene que servir para algo es para adecuar los medios de transporte a la movilidad o, lo que es lo mismo, la oferta a la demanda que generan los ciudadanos, y éstos muchas veces trabajan, van al cine o viven en municipios distintos, unidos por la cotidianidad de los desplazamientos

La ley es necesaria y puede que sea útil, pero tenemos que abordarla desde otras perspectivas, integrando nuevos elementos, superando viejos códigos y percibiendo las oportunidades que tienen los distintos territorios como unidades de cotidianidad. Sin esto no hay ley que valga.

Carme Miralles-Guasch es diputada por el PSC y profesora de Geografia en la Universidad Autónoma de Barcelona.