La Complutense cree que la juez mandó registrar por error el rectorado

La Universidad Complutense cree que la juez de intrucción número 2, Mónica Aguirre de la Cuesta, ordenó 'por un malentendido' el registro de 'las oficinas' del rector, Rafael Puyol, y de la vicerrectora de Alumnos, María Teresa Fernández-Pacheco tras una querella por prevaricación y cohecho presentada por un alumno que no logró plaza en la Escuela de Fisioterapia el curso pasado.

La juez libró ayer una diligencia por la que pide a la universidad 'la misma documentación' que la que era objeto del registro (la referida a la admisión en la Escuela de Fisioterapia en el curso 200/2001). 'Evidentemente esta diligencia anula la orden de registro', según fuentes de la Complutense, que recibieron ayer el auto en el que la juez llama a declarar como querellados a Puyol y a Fernández- Pacheco y ordena el registro.

La querella fue presentada por Antonio Monroy, que no logró entrar en la Escuela de Fisioterapia el curso pasado. Monroy, de 31 años, les acusa de prevaricación porque la Complutense superó el número máximo de plazas que fija el Consejo de Universidades para Fisioterapia. 'En Madrid todas las universidades aceptan más alumnos del límite y eso es legítimo', aseguró Fernández-Pacheco. Ésta argumentó que es una forma de evitar que se queden vacantes si finalmente algún estudiante admitido no formaliza la matrícula.

La acusación de cohecho resulta, según la universidad, 'abusiva' ya que, aunque la Complutense todavía 'adeuda' a Monroy el dinero de la matrícula -se llegó a matricular en Fisioterapia después de que un tribunal así lo decretara como media cautelar- el querellante no solicitó la devolución del dinero hasta el pasado septiembre.