Rubio mediará por los jornaleros implicados en el fraude al PER

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, se comprometió ayer ante varios alcaldes de la Axarquía a trasladar a la Dirección General de Trabajo la preocupación generada en la comarca por la resolución de la Inspección de Trabajo que exige a 1.127 jornaleros la devolución de los subsidios que cobraron gracias a peonadas falsas. En total, los trabajadores deben restituir unos seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) que cobraron indebidamente entre los años 1992 y 1993.

Los alcaldes de la zona y el diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, reclamaron a Rubio que la Administración central dé una 'salida política' y deje sin efecto las resoluciones dictadas a finales del año pasado por la Inspección de Trabajo en Málaga. 'Nos ha dado la esperanza de que las cantidades se puedan condonar', aseguró tras la reunión el primer edil de El Borge, José Antonio Ponce. No obstante, el alcalde apuntó que tanto el subdelegado, como el director provincial del INEM, José Manuel Diz, quien también participó en la reunión, recomendaron a los afectados que presenten los correspondientes recursos de alzada.

Más de medio centenar de jornaleros ya han presentado alegaciones ante la Dirección General de Trabajo contra la resolución, que es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de junio pasado que condenó al ex alcalde de Moclinejo, Enrique Muñoz (CDS), por firmar peonadas ficticias a los 1.127 jornaleros a los que ahora se les reclama la devolución de ese dinero. Las cantidades a reintegrar oscilan entre 3.600 y 7.800 euros (De 600.000 a 1.800.000 pesetas).

Justicia social

Tanto Centella como los alcaldes solicitaron que se estimen los recursos ya que de lo contrario 'se generará una situación de verdadera ruina' en la comarca, situada en la zona oriental de la provincia. La Axarquía tiene uno de los índices de renta más bajos de toda España. Para el diputado de IU, se trata de 'un caso de justicia social'.

Con similares argumentos, los ayuntamientos de la zona aprobarán en las próximas semanas mociones en la que instarán al Gobierno a dejar sin efecto las resoluciones. Centella y los alcaldes pretenden mantener una reunión urgente con los máximos responsables de la Dirección General de Trabajo para pedirles su 'intervención directa' en el caso ante la 'alarma social' generada en la comarca por la decisión de la inspección. Cuando hace una semana IU dio a conocer la situación de los jornaleros, el director provincial del INEM aclaró que la delegación de este organismo en Málaga era 'un mero ejecutor' de la resolución que finalmente adopte la Dirección General o del acuerdo político que se alcance. Tras el encuentro, Centella calificó de 'muy positivo' que al menos se haya comprendido desde la Subdelegación del Gobierno 'el problema que supone para las familias afectadas'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 23 de enero de 2002.

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