El Arzobispado de Valladolid deberá explicar a la juez un desfase de 600.000 euros

El Arzobispado de Valladolid deberá explicar por qué existe un desfase de alrededor de 600.000 euros entre lo declarado por el ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, que figura en una nota manuscrita por él mismo, y la documentación oficial que la Archidiócesis ha entregado al juzgado hasta ahora. Así lo pone de manifiesto el fiscal anticorrupción Luis López Sanz, encargado del caso Gescartera, quien ha insistido en solicitar a la juez del caso, Teresa Palacios, que reclame la contabilidad de la institución con los datos sobre las inversiones en la agencia de valores.

El fiscal López Sanz rechaza así de forma tajante el escrito presentado por los abogados del Arzobispado, en el que se negaban a facilitar los datos de las cuentas y nuevos documentos por entender que no tenían relación con Gescartera y que su entrega podría constituir una vulneración de lo establecido en el Concordato con la Santa Sede.

Pero el fiscal considera que de los documentos entregados por el Arzobispado hasta el momento se desprende una inversión a través de Gescartera que supera en unos 600.000 euros (alrededor de 100 millones de pesetas) a la que oficialmente reconoció el ecónomo de la institución, Enrique Peralta.

Él ecónomo Peralta declaró el 2 de octubre de 2001 ante la juez Teresa Palacios que el Arzobispado invirtió 1.100 millones de pesetas (6,61 millones de euros) entre marzo de 1996 y enero de 1999 en Gescartera, que procedían de letras del Tesoro que se amortizaban y de la venta de alguna finca procedente de alguna herencia. También declaró que el saldo global del Arzobispado en esos tres años fue de unos 3.300 millones de pesetas (19,83 millones de euros). A raíz de una inspección de la CNMV en Gescartera, el Arzobispado retiró la inversión y sólo en 2001 volvió a invertir 25 millones de pesetas (150.000 euros), que ha perdido.

La juez resolverá en breve la petición del fiscal, aunque todo apunta a que requerirá de nuevo la documentación al Arzobispado.

El fiscal ha anunciado su intención de solicitar que varias personas declaren como testigo a partir de la próxima semana.

Por otro lado, el fiscal considera que los documentos aportados por el imputado Julio Rodríguez Gil para constituir la fianza de 150 millones de pesetas (901.000 euros) con los que eludir la prisión, no son suficientes. Los peritos consideran que los bienes que representan los documentos aportados sólo alcanzan alrededor de 135 millones de pesetas (810.000 euros) y que al tratarse de una fianza hipotecaria, los bienes deben duplicar el valor del importe solicitado.

Además, el fiscal ha solicitado a los letrados de Rodríguez Gil que inscriban las propiedades en el registro, en lugar del acta notarial en la que constan.