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Reportaje:A DEBATE

¿Barcelona debe tener videovigilancia en la calle?

Vecinos del Barri Gòtic de Barcelona piden la instalación de cámaras para mejorar la seguridad

Barcelona
El debate sobre la oportunidad de instalar videocámaras de vigilancia en la vía pública como un sistema más de prevención ante la delincuencia se ha vuelto a reabrir en Barcelona por la petición de una asociación de vecinos. Ante el argumento de que las cámaras intimidan al supuesto delincuente, la Administración argumenta que no se puede llenar la ciudad de objetivos en aras a una supuesta mejoría de la seguridad ciudadana, algo que, además, tampoco está comprobado. De momento, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana señalan que las cámaras de videovigilancia sólo deben ser consideradas como un instrumento más. Y se oponen a generalizar su utilización por la ciudad.

Una cámara fija, con aspecto de farola, graba todo lo que ocurre en la calle, imágenes que son observadas en el control central de la policía. Es el Gran hermano, de verdad. El verano pasado el Ayuntamiento de Barcelona instaló dos de forma experimental en la calle de Escudellers y en la plaza de George Orwell, en Ciutat Vella. Cuando todavía no se tiene claro el resultado de esa videovigilancia han surgido voces de vecinos del Barri Gòtic que demandan que se extienda el sistema en más calles -hasta 26-, básicamente las perpendiculares a Avinyó y entorno de la Catedral, una de las zonas más turísticas de la ciudad y, por ese motivo, que sufre más la delincuencia del tirón y del hurto.

¿Pero han sido útiles para frenar la delincuencia? Hasta cierto punto. 'Ejercen cierto control y tienen utilidad porque son elementos disuasorios. Pero de eso a pretender extender el sistema por toda la ciudad o por un número muy extenso de calles.... hay un trecho'. Así se expresa el gerente de la Guardia Urbana, Blas Alascio. Residentes y comerciantes de la zona creen que la utilidad de las cámaras es más que cuestionable: 'No dan los tirones justo en Escudellers, pero sí en las calles de al lado', explican desde un establecimiento en la plaza de George Orwell.

El Ayuntamiento no se plantea generalizar el sistema de videocámaras: 'Como mucho se pueden colocar alguna más en puntos muy sensibles de la ciudad, como el entorno de la Sagrada Familia o La Pedrera, en el paseo de Gràcia y siempre previa autorización', puntualiza el gerente. La puesta en funcionamiento de cualquier sistema de videovigilancia en espacios públicos debe ser supervisada por la comisión de control de ese tipo de dispositivos que está integrada por representantes de las tres administraciones, la fiscalía, las asociaciones de municipios y presidida por el presidente del Tribunal Superior. Ese control obedece a la necesidad de vigilar que lo que graban las cámaras sea estrictamente la calle, no los edificios, ni mucho menos el interior de comercios y domicilios, y que la instalación esté indicada.

Para el primer partido de la oposición del Ayuntamiento, la videovigilancia no debe ser más que un sistema de ayuda a los agentes: 'No hay que sustituir a la Guardia Urbana por instrumentos tecnológicos sino todo lo contrario porque hacen falta más agentes', opina Joan Puigdollers, presidente del grupo municipal de CiU.

Lo cierto es que la colocación de cámaras de videovigilancia es un sistema ya profusamente utilizado: cientos de establecimientos -comercios y bancos, por ejemplo-, transportes públicos, como el metro, y el control del tráfico. Cada vez que una ciudad se plantea instalar cámaras en la vía pública por motivos de seguridad ciudadana hay numerosas voces críticas. De hecho, no pocos anuncios o proyectos de la utilización de las cámaras se ha acabado diluyendo. Eso ocurrió, por ejemplo, en Madrid, en 1994. Más recientemente, hace dos años, el municipio de Mahadaonda acabó retirando el proyecto de colocar 12 cámaras de control en 800 metros. En Vilassar de Mar, pionera en el uso de esos sistemas, las cámaras se acabaron retirando hace cinco años. Málaga prepara un proyecto de colocación de videocámaras de vigilancia en la arteria comercial de la ciudad. Pero es en el feudo de Jesús Gil, en Marbella, donde ese control y otros más sofisticados, como cabinas blindadas para agentes, son el último grito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de enero de 2002