Los ecologistas plantean que se indemnice por los daños causados por las obras del centro comercial de Barakaldo

La plataforma ecologista Ezpitsua, que durante año y medio se ha opuesto al proyecto comercial Megapark en la vega de Ibarreta-Zuloko en Barakaldo, se preguntó ayer quién va indemnizar ahora al pueblo por los daños causados al humedal con las obras ya iniciadas. El proyecto, que prevé inversiones por valor de 270,4 millones de euros y fue aprobado en el consistorio por PSE-EE y PNV, acaba de ser paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas recordaron que sus acciones para tratar de impedir unas obras 'que no se podían realizar' les han costado detenciones, condenas y procesos judiciales todavía en curso.

La plataforma señaló que no va a permitirá 'que nadie se salte la ley' y reclamó al equipo municipal de gobierno en Barakaldo que 'abandone su actitud de imposición' y admita los planteamiento que apuestan por un desarrollo respetuoso con el medio y con sus habitantes. El complejo situado enfrente del Max Center es el proyecto estrella de la legislatura del alcalde, el socialista Carlos Pera, que había anunciado que las licencias se comenzarían a dar en el mes de febrero.

El equipo municipal de gobierno, integrado en minoría por el PSE-EE, ha defendido en todo momento que la vega no tiene valores naturales y ha permitido el inicio de las obras a pesar de la recomendación contraria del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora suspenderá todos los proyectos. La resolución de Medio Ambiente determina los espacios en torno al río Castaños que están protegidos por ley dado el influjo de las mareas.

Mientras, la multinacional sueca del mueble Ikea insistió ayer en un comunicado que no ha adquirido ningún terreno, ni ha determinado construir todavía uno de sus centros en Barakaldo, ni en ninguna otra localidad vasca.

La multinacional agrega que no tomará ninguna decisión al respecto hasta que los organismos implicados califiquen el área. Ikea agrega que ningún dirigente de la promotora Arcona Ibérica, responsable del proyecto del parque comercial, es ni empleado, ni directivo, ni portavoz de la multinacional.