Jornaleros recurren la resolución que les obliga a devolver subsidios del PER
Los 1.127 jornaleros a los que la Inspección de Trabajo exige la devolución de los subsidios del PER cobrados hace casi 10 años con peonadas falsas han empezado a presentar sus recursos. Ya se han tramitado cerca de 50 con argumentos muy dispares como prescripción, defectos de forma y razones humanitarias. Los abogados reconocen que las ayudas fueron percibidas de forma indebida, pero argumentan que no procede su devolución. Las cantidades reclamadas oscilan entre los 3.600 y los 10.800 euros. La inspección empezó a solicitar el reintegro tras la sentencia de junio pasado en la que el Tribunal Supremo condenó al ex alcalde de Moclinejo (Málaga), Enrique Muñoz, por firmar peonadas ficticias a esos trabajadores.
Los abogados no han hecho frente común, de modo que cada uno sostiene un argumento diferente. Uno plantea que la infracción está prescrita. La tramitación se inició a principios de 1990 y se interrumpió al abrirse la vía penal que acabó con la condena del alcalde. El abogado sostiene que han transcurrido más de cinco años desde que se cortara el trámite administrativo y que sus efectos están prescritos. Este fundamento tiene pocos visos de prosperar ya que la legislación establece que un procedimiento penal deja en suspenso cualquier expediente administrativo sobre la misma cuestión. Otros recursos se basan en defectos de forma, como que no se diera traslado a los afectados del acta inicial de la inspección o que no se concediera el plazo de audiencia posterior a las alegaciones que otorgaba la Ley de Sanciones Administrativas, ya derogada. También se esgrimen razones humanitarias porque los jornaleros son de la Axarquía, una comarca con uno de los índices de renta más bajos de España.
