Un tribunal blinda los conciertos a los colegios de élite por cuestiones formales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha blindado el sistema por el que la Generalitat concede subvenciones a escuelas privadas al considerar que el sindicato USTEC carece de legitimidad para impugnar la resolución que otorgaba el concierto educativo a siete escuelas de élite que cobran mensualidades de hasta 600 euros. Con este argumento, un auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC suspende el proceso judicial iniciado el pasado mes de octubre sin entrar a analizar si es legal o no la financiación de estos centros.

USTEC presentó un recurso contra los conciertos educativos otorgados por el Departamento de Enseñanza a los colegios Súnion, Sil y Saint Paul's School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y Viaró, La Vall y La Farga, situados en el Vallès y vinculados al Opus Dei. El sindicato alegaba que esos centros no cumplían los requisitos que exige la legislación, especialmente en lo que se refiere a la gratuidad de la enseñanza y la no discriminación, y también que la Generalitat no había justificado la concesión de estas subvenciones que suponen 12 millones de euros al año al erario público.

La defensa de los colegios demandados alegó como cuestión previa que USTEC, mayoritario en la enseñanza pública, no estaba legitimado para recurrir porque 'no participa en la negociación de los convenios colectivos de la escuela privada y no obtendrá ningún beneficio para los trabajadores'. También los letrados de la Generalitat hicieron esta alegación, pero no exigieron al tribunal un pronunciamiento previo, aceptando que se entrara en el fondo del asunto.

En este sentido, el ponente de la sentencia, el magistrado Joaquín José Ortiz Blanco, presidente de la Sección Quinta, desborda por la derecha al Ejecutivo catalán y, tras negar la legitimidad a USTEC, sentencia que 'es innecesario el estudio de las restantes cuestiones suscitadas'.

Desde el sindicato se criticó ayer con dureza la decisión del TSJC, que supone blindar el sistema de concesión de subvenciones al sector privado, una bolsa de dinero que representa la cuarta parte del presupuesto del departamento y un volumen anual de más de 600 millones de euros. 'Ha habido miedo a juzgar porque ésta es una manera fácil de no querer entrar en un asunto que todo el mundo sabe que vulnera la legalidad', dijo el portavoz de USTEC, Carles Martínez, quien anunció que el sindicato recurrirá ante el Tribunal Supremo. Desde Enseñanza se acogió con 'satisfacción' la decisión del TSJC por considerar que 'legitima la actuación de la Generalitat' y demuestra que obró 'conforme a la ley'.

Beneficios sindicales

El TSJC considera en el auto que de estimarse el recurso 'ningún beneficio cierto, cualificado y específico obtienen los afiliados al sindicato USTEC, mayoritario entre los profesionales del sector público, pero con escasa representación en la escuela privada concertada'. La cuestión de fondo que subyace en la decisión judicial es la de la legitimación para acudir a los tribunales en casos como éste. Una interpretación tan restrictiva como la que articula el auto del TSJC impide prácticamente que nadie, a no ser los propios beneficiados por las subvenciones, pueda demandar a la Administración, y sería para pedir un aumento.

La resolución del TSJC argumenta que su criterio está avalado por diversas sentencias del Tribunal Constitucional que se citan, aunque otras fuentes judiciales cuestionaron ayer esta interpretación. Margarita Robles, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, explicó: 'La legitimación para recurrir se interpreta cada vez de manera más amplia por el Constitucional y parece que lo razonable hubiera sido admitir el recurso'.

Desde USTEC se insistió ayer en vincular al magistrado Ortiz Blanco en la órbita del Opus Dei.