Calidad y cantidad en las normas

Los mercados no pueden funcionar sin normas, pero su exceso o tosquedad perjudica el desarrollo económico. Se lo dijo Don Quijote a Sancho: 'No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas'. La trascendencia que tienen las Leyes y la Justicia para el buen funcionamiento de la economía ha sido corroborada por la investigación social de las últimas décadas. Y en países como España, donde algunas variables económicas esenciales -como las monetarias, por ejemplo- ya no dependen del Gobierno español, es aún más importante preocuparse de estas cuestiones que parece que no tienen que ver con la economía.

Del Gobierno español ya no dependen los tipos de interés ni el tipo de cambio, pero todavía dependen la cantidad y calidad de las leyes, los decretos, las órdenes ministeriales, etcétera. Y sucede que, en contra de la recomendación de Don Quijote, estamos asistiendo en España en los últimos años a un proceso de inflación -casi de explosión- normativa y a un deterioro en la calidad de las normas cuyos efectos, aunque lentos en aparecer, se notarán algún día en un menor bienestar para los ciudadanos.

La conclusión es que el intervencionismo no es privativo de ninguna ideología

En lo que se refiere al deterioro de la calidad de las normas, la opinión pública ha empezado a tomar conciencia del problema. El Gobierno ha abusado hasta la hartura de la Ley de Acompañamiento, pero no puede reivindicar su paternidad porque fue inventada por el Ejecutivo anterior. De lo que puede enorgullecerse es de haber inventado un nuevo procedimiento -la enmienda en el Senado a la Ley de Acompañamiento-, gracias al cual consigue que sus leyes ni siquiera cumplan con las limitadas garantías de tramitación de la Ley de Acompañamiento. A través de estas enmiendas se han introducido normas tan relevantes como la titulización del llamado billón de las eléctricas o el establecimiento de nuevos tributos.

Este vicio en los procedimientos es muy importante porque con las normas sucede como con la fabricación de cualquier producto, que su calidad depende fundamentalmente del proceso de elaboración. Si, como ha sucedido con una reciente ley, llegamos al extremo de que 600 enmiendas son discutidas en 12 horas, será un milagro si la ley aprobada no es un engendro.

Sin embargo, si ya se empieza a tomar conciencia sobre el progresivo deterioro técnico de la legislación española, todavía no se ha prestado suficiente atención al otro fenómeno pernicioso, el de la explosión en el número de normas. En 1995, último año del Gobierno socialista, el BOE publicó 37.695 páginas de normas y actos administrativos.

Dado que el número de páginas publicadas puede tomarse como una variable aproximada del intervencionismo del Gobierno, se suponía que, habiendo llegado al poder un partido que se autocalificaba como liberal, veríamos al BOE perder algunos kilos a partir de 1996. Desafortunadamente no ha sido así, sino todo lo contrario. Desde entonces el número de páginas ha seguido aumentando y el año 2001 el BOE ha publicado ¡50.686! páginas, alcanzando el récord de obesidad de toda su historia.

El problema es más grave si se tiene en cuenta que las transferencias de competencias a las autonomías debían haber llevado a adelgazar el Boletín del Estado, ya que los diarios oficiales de la comunidades han crecido también espectacularmente. Los boletines oficiales de Cataluña y Andalucía han cerrado el año 2001 con unas 20.000 páginas, el de Cantabria con 10.000, el de Extremadura con 12.000 y el de Murcia con 16.000, por dar algunos ejemplos.

La primera conclusión es que el intervencionismo no es privativo de ninguna ideología. Hay intervencionismo de izquierdas y también lo hay, y puede ser mayor, de derechas. La segunda conclusión es que esta evolución no es irremediable, no debemos seguir sin hacer nada. Como sucede con los otros problemas estructurales -falta de competencia, gasto público improductivo, etcétera-, hay que preocuparse de ellos aunque no muestren sus efectos negativos en el corto plazo. La tercera conclusión es que, para reducir el intervencionismo, así como para acometer las demás reformas estructurales, España necesita alguien que se preocupe de aquellos problemas cuyos efectos sólo aparecerán en el largo plazo.