La crisis argentina y el plan de Duhalde

La decisión de Domingo Cavallo, en 1991, de anclar el peso al dólar para romper radicalmente las expectativas de inflación, que en ese momento eran del 3000%, fue muy acertada y permitió unos años de estabilidad y de elevado crecimiento. Sin embargo, se ha terminado convirtiendo en un duro corsé deflacionista y anticompetitivo para la economía argentina, en parte por razones internas, especialmente por la falta de control de un gasto público y una deuda crecientes, pero, sobre todo, por choques externos. Por un lado, la crisis asiática de 1997 y 1998, que inició la recesión, por otro, la fuerte apreciación del dólar, que aumentó los costes internos, y, finalmente, la devaluación del real, que redujo el acceso a su mercado principal de exportación, han sumido al país en una grave recesión de la que no ha podido salir todavía.

La devaluación se va a poner en marcha con sólo un anuncio de buenas intenciones de mantener el déficit cero y de reformar el Estado

Domingo Cavallo intentó hacer lo más difícil, llevar a cabo una devaluación real pero sin tocar la paridad nominal peso-dólar

El Gobierno de la Alianza estuvo atenazado, desde el principio, por la ausencia de consenso interno y tardó mucho en reaccionar. La llegada de López Murphy a Economía y su programa fiscal de choque trajo momentáneamente la esperanza, pero fue sacrificado, injustamente, por la fuerte disensión existente dentro de la Alianza. Cavallo trató de enderezar la situación intentando hacer lo más difícil, es decir, llevar a cabo una devaluación real, pero sin tocar la paridad nominal peso-dólar y hacer una reestructuración de la deuda que no pudiese llamarse suspensión de pagos. Para conseguir lo primero, aumentó los aranceles de las importaciones de bienes finales reduciendo los de los bienes intermedios y de equipo, y subvencionó las exportaciones de bienes finales, y, además, introdujo el euro, como segunda divisa junto al dólar, en la Convertibilidad, para las operaciones de comercio exterior. Para lo segundo, organizó el mega-canje y, más tarde, cuando se quedó sin crédito externo, intentó evitar la suspensión de pagos con otro canje interno 'voluntario pero forzado' y un estricto 'déficit cero' presupuestario.

Explosión social

Al final y desgraciadamente, no pudo aguantar, ya que la total falta de apoyo político dentro de la propia Alianza y, además, las exigencias fiscales, deflacionistas e imposibles de cumplir, del FMI, le forzaron, para evitar suspender pagos, a tener que echar mano de medidas, muy heterodoxas y rayando en la inconstitucionalidad, de limitación de la disponibilidad del ahorro privado y de asignación forzosa de su inversión, lo que terminó ocasionando una explosión social, jaleada por la oposición y parte de la Alianza, que hizo también dimitir al presidente de la Rúa.

El nuevo Gobierno de Duhalde ha decidido, por el contrario, hacer, de verdad, la suspensión de pagos y la devaluación. La primera ya estaba hecha porque no había con qué pagar, sólo había que esperar al primer pago por vencimiento de la deuda, para que entrase en vigor. En la devaluación tenía dos opciones: la primera era devaluar y, al mismo tiempo, dolarizar definitivamente la economía, con lo que, a corto plazo, se recuperaría la competitividad y se reducirían los tipos de interés, pero a costa de depender de la política monetaria del Consejo de la Reserva Federal americano, para siempre, aunque el ciclo de la economía argentina no coincidiese con el de EE UU. La segunda era, la contraria, es decir, devaluar desdolarizando o 'pesificando' la economía e indiciando todos los pesos con la inflación interna. Esta era la fórmula innovadora que había propuesto Ricardo Hausmann.

Al final, se ha elegido esta segunda opción, pero sólo parcialmente y sin indexación. Para entender este cambio hay que comprender que se ha partido de la restricción política de que había que evitar, a toda costa, otra revuelta popular que pudiese poner también en peligro el nuevo Gobierno, y, para ello, se han barajado dos opciones: una era eliminar el corralito, es decir, la limitación actual a disponer de los depósitos bancarios por parte de sus propietarios, que ha sido la que realmente había lanzado a la gente a la calle. Esto no era posible porque se hubiera dado, inmediatamente, una corrida o retirada de todos los depósitos de los bancos y un intento de cambiar a dólares todos aquellos que estuvieran denominados en pesos. Esto hubiera supuesto la quiebra de los bancos y una demanda de dólares imposible de satisfacer, con lo que la devaluación se dispararía. Otra, que ha sido la finalmente elegida, es mantener el corralito para los depósitos, pero ampliando su disponibilidad a 1.500 dólares mes para las cuentas que se nutren de nóminas salariales, eximiendo los depósitos de la pesificación, ya que se devolverán en su moneda original, y prometiendo que, en enero de 2003, podrán empezar a retirarse, paulatinamente, los depósitos en dólares, que representan el 64% del total.

Los créditos

Además, se exime de la devaluación a todos los préstamos hasta un máximo de 100.000 dólares, que podrán ser redenominados a pesos a la antigua paridad. Es decir, un propietario de una casa que tenía un crédito hipotecario de 90.000 dólares, pasa a deber 90.000 pesos y si, además, tenía unos ahorros de 20.000 dólares sigue teniendo unos ahorros de 20.000 dólares, o lo que es lo mismo, 28.000 pesos. Esta decisión, de corte populista, pone en grave peligro a los bancos, ya que, después de la devaluación, descuadrará fuertemente su balance ya que la mayor parte de sus activos estará en pesos y la mayor parte de sus pasivos estará en dólares. Se calcula que esta medida puede costar a los bancos unos 6.000 millones de dólares. Se tiene pensado, para compensar a dichos bancos, la emisión de unos títulos en dólares que estarían garantizados, parcialmente, por adelantos de impuestos por parte de las empresas petroleras por valor de 1.400 millones de dólares.

Los bancos y otros inversores, como los partícipes de los fondos de inversión y de pensiones, que detentan la mayoría de los bonos públicos en circulación, se verán negativamente afectados por la suspensión de pagos y la subsiguiente reestructuración de la deuda, con una quita esperada de entre el 20% y el 40% de su valor, lo que supondría otras pérdidas añadidas de muchos miles de millones de dólares. Por último, si el tipo de cambio libre se desploma, tras la devaluación, muchos de los prestatarios de los bancos que deben créditos en dólares superiores a 100.000 dólares quebrarán y dejarán de pagarlos. Este riesgo potencial podría llegar a costar, a medio plazo, hasta 15.000 millones de dólares, en provisiones de insolvencias, al conjunto de los bancos.

Por otro lado, las empresas de servicios públicos, tales como las suministradoras de electricidad, combustibles, gas, agua e infraestructuras de transporte, verán congeladas sus tarifas en pesos devaluados. No se ha dicho, de momento, cómo dichas tarifas se van a indiciar, posteriormente, con una inflación que tenderá, lógicamente, a aumentar en los meses posteriores a la devaluación.

Además, no se hace una devaluación clásica, sino que se establecen dos tipos de cambio, uno 'oficial' y, en principio, aplicado sólo temporalmente, al tipo fijo de 1,40 pesos por dólar, y otro 'libre' determinado por la oferta y la demanda de ambas divisas. El primero se aplicará a las transacciones comerciales y a las entradas de capital y el segundo a las transacciones financieras y al turismo. Dado que con el corralito la disponibilidad de liquidez es mínima, se espera que el tipo de cambio libre no caiga mucho más que el oficial. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que este sistema no sólo no funciona, sino que da origen a fraude y corrupción, como ocurre siempre que se aplican dos precios diferentes a una misma mercancía. Por ello debería ser, exclusivamente, una solución muy transitoria.

Otro problema añadido es que, normalmente, cuando se anuncia una devaluación, al mismo tiempo y antes de ponerla en práctica, se suele aprobar un paquete de medidas de 'anclaje', para hacerla creíble y, por tanto, evitar que se dispare por encima de lo previsto. Se asegura, de esta manera, que habrá una fuerte contención del gasto público (ancla fiscal), una total independencia del banco central para conducir una política monetaria antiinflacionista y evitar que se dedique a financiar al Tesoro o imprimir una liquidez excesiva (ancla monetaria) y, finalmente, unas reformas estructurales de liberalización del comercio de importación, para evitar presiones inflacionistas por desabastecimiento y especulación, y también de exportación, para que funcione la devaluación con plenitud y se logren mayores volúmenes de exportaciones.

Temor a la hiperinflación

No es este el caso de esta devaluación, que se va a poner en marcha con sólo un anuncio de buenas intenciones de mantener el 'déficit cero' y de realizar la tan esperada reforma del Estado. No se ha dicho todavía, que yo sepa, nada sobre la mayor apertura comercial. El gran riesgo de esta devaluación es que, si no es creíble por los mercados porque no creen posibleque se puedan poner en práctica, a posteriori, dichas buenas intenciones, puede llegar a dispararse muy por encima de lo estimado y hacer que el presupuesto de gastos, por servicio de la deuda, también se dispare.

Ante esa situación, dado que no habrá nuevo financiamiento externo para financiarlo después de la fuerte quita que se exigirá a los acreedores y, además, será políticamente inviable una fuerte contracción del gasto no financiero del presupuesto, es decir, de los salarios, gastos de funcionamiento, educación, salud y Seguridad Social, puede surgir la inevitable tentación de intentar reducir el valor de la deuda en circulación imprimiendo dinero y creando más inflación de la que, lógicamente, producirá, de por sí, la devaluación. En ese caso, se volvería a la espiral hiperinflacionista tan sufrida y detestada históricamente por los argentinos.

Espero y deseo que esto no ocurra y confío en que el equipo económico, que es sensato y razonable, será capaz de cumplir sus buenas intenciones.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR, Centre for Economic Polcy Research.