Unas cuentas con muchos reparos

El actual Síndic de Comptes, José Antonio Noguera de Roig, tiene tras sí una densa estela de cargos públicos y privados relacionados con la gestión económica. Presidencia de la Cámara de Comercio de Valencia, de la Feria Internacional, autoridad del Puerto y un largo etcétera en el que se alternan responsabilidades regionales y estatales. En el plano político ha sido un referente seguro del núcleo aguerrido y auténtico de liberales que han ejercido en el cap i casal mucho antes de que la derecha conservadora abrazase gregariamente el liberalismo que nos gobierna. Quiero decir que este síndico, por trayectoria y dignidad, no podía si no ser consecuente con al cargo estatutario e institucional que asumía.

Una vez subrayados su rigor y seriedad personales, parece obvio añadir que a este síndico no se le oculta la necesidad de proceder con cierta laxitud en la fiscalización de las cuentas y procedimientos públicos, siendo así que en el tinglado administrativo la democracia sólo opera como la lluvia fina: necesita tiempo y persistencia para depurar hábitos seculares propensos a la trampa, el amiguismo y, buena parte de las veces, a la eficacia sacrificando el trámite establecido. En otras palabras, ha de comprender que no todas las irregularidades son dolosas, puesto que a menudo pesa la inercia y hay que forzar la ordenanza y el reglamento para sacar adelante la iniciativa contra los obstáculos del papeleo y el burocratismo.

A pesar de todas estas cautelas, Noguera de Roig y sus técnicos han elaborado un informe sobre las cuentas de la Generalitat del año 2000 que pone en solfa la pulcritud legal del Gobierno autonómico en punto al manejo de los recursos económicos y la observancia de las garantías establecidas para que todos seamos iguales ante la ley. En realidad, se trata del primer varapalo que un síndico le atiza a la Administración, de la que ha puesto en evidencia un montón de irregularidades -que sería prolijo citar aquí- que se subsumen en una pocas palabras: arbitrariedad y falta de transparencia en muchas de sus decisiones. Más llanamente dicho: demasiada proclividad a aplicar la ley del embudo.

Como era de esperar, la oposición, tan escasa como anda de munición dialéctica para hostilizar al partido gobernante, se ha encontrado con este regalo providencial que le ha brindado la Sindicatura de Cuentas y ha pedido la comparecencia parlamentaria de cuantos gestores o dirigentes están aludidos o implicados por el informe que glosamos. Y hemos de reconocer que, a tenor de lo divulgado hasta ahora, hay un mogollón de asuntos que deben ser públicamente explicados y probablemente obviados por tratarse de lagunas veniales . De otros, por más filigranas retóricas que se hagan, no habrá más remedio que imponer penitencias o cargar con el coste político que conlleva una gestión desmañada o punible por más que se maquille.

La oposición, como decimos, y muy especialmente los socialistas, se han tirado a la yugular -como les concierne- y han instado decenas de comparecencias de cargos públicos en las Cortes que, va de suyo, el PP procurará reducir al mínimo. En su mano está hacerlo por la amplia mayoría que le ampara. Pero no habría de olvidar que este presunto secuestro de explicaciones e información se convertirá en un dedo acusador para lo que resta de legislatura. Las cuentas del Gran Capitán que arroja RTVV-sin propósito ni plan de enmienda-; los ingresos imposibles del erario autonómico, pero contabilizados como seguros; el cachondeo en las adjudicaciones de obras y servicios; algunas retribuciones espectaculares y la salud financiera de ciertas empresas públicas -digamos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Parque Temático de Benidorm- merecen una explicitación más que la profesión de fe a que se nos insta.

Nos parece admisible, tal como arguye una fuente cualificada del Gobierno, que el método fiscalizador de la Sindicatura esté desfasado y reñido con la operatividad que hoy se exige. Cámbiese, si así conviene. Pero mientras y aún después, hay que dejar a salvo la transparencia y legalidad de la gestión pública, algo que hoy atufa debido a tanta fisura como ha denunciado el Síndic.