El alcalde de Tarifa pretende cambiar el PGOU para construir un nuevo hotel en Atlanterra

En plena campaña propagandística del Ministerio de Medio Ambiente en la que el Gobierno publicita su política de recuperación de la franja litoral con imágenes del derribo del Gran Hotel Zahara de Atlanterra, en la costa de Tarifa (Cádiz), el alcalde de esta localidad, Juan Andrés Gil, un tránsfuga de IU que gobierna con el apoyo del PP, confirmó ayer sus intenciones de modificar el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad (PGOU) para permitir la edificación de un hotel de la cadena Meliá a apenas doscientos metros de donde se ubicaba el edificio ya derruido.

El alcalde de Tarifa explicó ayer que el proyecto, promovido por la cadena de hoteles Meliá, prevé el alzado de un edificio de cuatro plantas en uno de sus frentes con una inversión estimada en unos 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas) para la construcción de un hotel de trescientas habitaciones dirigido a publico de alto poder adquisitivo.

Gil, que aseguró ayer 'no recordar' la superficie que ocupará la obra, reconoció que para adecuarla al ordenamiento urbanístico de la localidad, será necesario un cambio en los límites de altura establecida para los edificios construidos en ese terreno.

El alcalde de Tarifa explicó que 'el proyecto que la cadena defiende, necesita tener una zona de servicios con una altura superior a la que prevé el plan general', lo que, según dijo, 'no supone ningún problema'.

El alcalde tarifeño intentó el pasado mes de julio que el pleno municipal diese luz verde a la modificación puntual del PGOU para adaptar el reglamento a las necesidades del proyecto de la cadena Meliá. En aquella ocasión, los votos en contra del PSOE y la abstención del PP impidió que la iniciativa prosperase.

Gil anunció ayer va a 'retomar' el proyecto, y lo volverá a llevar a pleno con la esperanza de que ahora se apruebe con el voto 'unánime' de la cámara. El primer edil justificó su apoyo al proyecto con el argumento de que se crearán 250 puestos de trabajo, según dice Gil que prevé la promotora y el incentivo que para la promoción turística supondrá la inversión.

El pasado jueves, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas puso el derribo del Gran Hotel Zahara de Atlanterra como 'el mayor ejemplo' de la política del ministerio para la recuperación los terrenos ocupados dentro del dominio publico. Tras esta afirmación, cuesta aún más entender que, a sólo 200 metros del solar liberado, el gobierno local en el que participa el propio Partido Popular- pretende ahora la construcción del nuevo hotel, que no invadirá el dominio publico protegido pero que causará 'un gran impacto paisajístico', según denunció de la asociación Ecologistas en Acción de Cádiz.

Una vez conocidas las intenciones del Ayuntamiento, el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, anunció el rechazo del Ejecutivo autonómico al proyecto. El portavoz recordó que desde el punto de vista administrativo, la ultima palabra sobre la modificación del PGOU que pretende el Ayuntamiento será dada por la Comisión Provincial del Urbanismo. Gómez Periñán dijo estar a favor de una revisión de la normativa 'pero no para construir cosas como las que hay, sino para suavizar la situación caótica de Atlanterra'.

Modelo de baja densidad

El delegado de la Junta dijo que su administración está 'empeñada' en promover en el litoral gaditano un modelo urbanístico 'de baja densidad, con pocas alturas y bajos niveles de densidad'.

En relación a la situación política del Ayuntamiento de Tarifa, el responsable de la Junta calificó de 'caótica' la situación, al tiempo que puso de manifiesto que la política de 'salto de mata' que practica Gil hace que la localidad carezca de un modelo urbanístico para su desarrollo.

La política urbanística de Juan Andrés Gil, ha sido objeto de duras críticas por autorizar un desarrollo inmobiliario de un suelo cercano al que ahora pretende desarrollar, a pesar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contraria a esta actuación.

El Ayuntamiento permitió la construcción de un millar de vividas unifamiliares en un suelo que no disponía de un plan de saneamiento adecuado y en contra de los criterios de ordenación del territorio de la Junta.