Las apariencias engañan

El 27 de julio pasado se alcanzó un amplio consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas (CC AA). En apariencia el objetivo fundamental del nuevo sistema era la corresponsabilidad. El nuevo sistema vincula los ingresos de las CC AA a los tributos que pagan sus respectivos ciudadanos mediante su participación en una llamada cesta de impuestos: un poco más de IRPF del que ya percibían, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales armonizados en la UE y el 100% de otros de estos últimos. Todo ello sin capacidad normativa adicional a la ya preexistente sobre el IRPF. Adicionalmente el nuevo sistema preveía el traspaso de la sanidad, cuyo coste, oficiosamente, se cubre con los nuevos impuestos cedidos, ya que sólo se ceden a las CC AA que la gestionen. Como mecanismo de ajuste de los flecos, el Estado se comprometía a consignar una participación en los presupuestos del Estado que toma del nombre de fondo de suficiencia.

Pero el acuerdo enseguida se tambalea. La menor previsión de recaudación, al variar la tendencia del ciclo desde julio (el PGE para este año preveía inicialmente un incremento de la recaudación por IVA del 7,5% y el último avance de liquidación lo reduce al 5% ), combinada con el hecho de que el gasto sanitario es estructuralmente más expansivo y, a la vez, menos elástico a la baja en fases contractivas del ciclo (lo que explica que hasta ahora la financiación de la sanidad transferida se haya negociado siempre separadamente), hizo saltar todas las alarmas. Poco a poco los responsables económicos de las CC AA empezaron a verle las orejas al lobo. Pero era el señor Montoro quien tenía mas motivos para preocuparse. Porque las Cortes todavía no habían sancionado el acuerdo y, sobre todo, porque tendría que incrementar la dotación del fondo de suficiencia y ello podría ridiculizar la obstinación del Gobierno por el déficit 0. El nudo gordiano se acababa de liar por cuanto el Partido Popular hace bandera de bajar impuestos, no de subirlos...

Pero como Dios aprieta pero no ahoga, el consejero de la Generalitat Francesc Homs acudió al quite. Propuso, con entusiasta extraversión mediática, desdoblar el impuesto sobre las gasolinas de manera que las CC AA tuvieran capacidad normativa en una de las partes. La propuesta es aceptada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de noviembre, pero en lugar de desdoblarlo, se crea un nuevo impuesto que se cede a las autonomías con cierta capacidad de recargo y sujeto a la financiación sanitaria, aun cuando expresamente se eluda que se trata de un impuesto finalista. Ahora ya no hay unanimidad. Las comunidades gobernadas por el PSOE votan en contra. En apariencia son las CC AA las que se quedan con el nuevo impuesto. En apariencia las autonomías, con el nuevo sistema de financiación, han dado un gran salto en libertad financiera y capacidad política. En apariencia la reputación del consejero Homs ha subido unos enteros... Pero esto son sólo apariencias. Es el Gobierno del PP y su proyecto autonómico los que ganan.

El Gobierno central gana las cuatro pesetas por litro de combustible vendido en todas las gasolineras de España, pues aunque traslada esta recaudación a las CC AA para financiar la sanidad, por el mismo importe se aminora el Fondo de Suficiencia. Así no tiene que incrementar los recursos de la sanidad a costa de sus arcas, sinó que descarga sobre el incremento de la presión fiscal a los ciudadanos una obligación que había contraído en el sistema.

También gana porque se quita de encima para siempre los problemas del crecimiento diferencial del gasto sanitario y su molesta negociación separada con las autonomías que ahora lo gestionan. Ya no le importará más si el gasto sanitario crece más o menos, será un problema de todas las CC AA que podrán optar entre recargar el nuevo impuesto hasta el límite que normativamente tienen atribuido, o atender la sanidad en detrimento de otros tipos de gasto.

Y gana el proyecto autonómico del Partido Popular porque desde una concepción centralista y uniformizadora consigue dar una vuelta atrás en el desarrollo del propio concepto de autonomía política. En primer lugar, porque el Gobierno, a través de una enmienda del grupo del PP en el Senado a la LOFCA y su ley de acompañamiento, coacciona a las CC AA conminándolas a aceptar el traspaso de la sanidad o cualquier otro traspaso, con la valoración que diga el Gobierno, so pena de quedar fuera del nuevo sistema de financiación. Y en segundo lugar porque una vez doblegadas, una a una, todas las comunidades autónomas, el Gobierno se apresta a elaborar una ley de coordinación sanitaria con que armonizarlas sanitariamente.

En fin, no hay duda de que la locuacidad de Homs ha sido instrumentalizada para traspasar a las autonomías la responsabilidad del Gobierno central en la subida de los impuestos. Es decepcionante que a estas alturas la Generalitat aún no haya aprendido. Si en 1996 el ardid fue que Montoro rebajó el IRPF una vez acordado con la Generalitat el traspaso del 30%, esta vez el engaño ha sido múltiple. Primero, porque el objetivo real del nuevo sistema era traspasar a las CC AA la sanidad, no la corresponsabilidad como parecía. Segundo, porque el Gobierno ya no tendrá que negociar la sanidad con la Generalitat por separado. Y tercero, porque la ley de coordinación sanitaria acabará con la diferenciada sanidad catalana. El talante autosuficiente de Homs, el hecho de pertenecer a un Gobierno y a un país donde el concepto de autonomía, en una negociación, pesa tanto o más que el propio dinero obtenido, y el representar a un grupo político que es socio parlamentario en Madrid y en Barcelona, permitían esperar del consejero una actuación más competente y un resultado más brillante en su primera negociación importante.

Carles Bonet y Arseni Gibert son senadores de la Entesa Catalana de Progrés