Educación responde al Gobierno que la seguridad de los centros es su competencia

Araceli Carrillo, delegada de Educación en Córdoba, negó ayer tajantemente que la Junta vaya a recurrir a la seguridad privada para proteger los centros de enseñanza de la provincia, tal y como había sugerido José Antonio Mancheño, subdelegado del Gobierno, después del robo que sufrió el Instituto de Secundaria Santa Rosa de Lima, en el barrio del Campo de la Verdad, el pasado 6 de enero. Los asaltantes, además de causar importantes destrozos en puertas y ventanas, se llevaron radiadores, ordenadores, televisores, vídeos y material de laboratorio y biblioteca. Las clases quedaron suspendidas; la dirección valoró las pérdidas en unos 24.000 euros (cerca de 4.000.000 pesetas), mientras la Delegación rebajaba esta estimación hasta la mitad.

Carrillo señaló que la seguridad privada 'no es una solución', e instó a la Subdelegación del Gobierno a asumir sus responsabilidades. Indicó que todos los centros disponen de sistemas de alarma, pero que cuando éstos saltan, 'normalmente la Policía Nacional no suele acudir'. Puso como ejemplo el caso del Instituto de Santa Rosa de Lima: 'En llevarse todos esos radiadores y aparatos no se tardan 10 minutos, hace falta tener una furgoneta aparcada en la puerta'.

La delegada constató que el coste del mantenimiento de estos sistemas de alarma asciende a unas 250.000 pesetas anuales y que hay centros que se cuestionan este gasto tan elevado. 'Si la Policía no viene no sirve para nada', advirtió.

'No pedimos vigilancia extrema, durante las noches y los fines de semana, para los 400 centros de la provincia', concluyó Carrillo, 'pero sí atención especial para los problemáticos, que todos sabemos cuáles son'. Aseguró que sólo dos centros cordobeses son objeto de robos y actos vandálicos reiterados. Precisamente hace un mes, el Instituto Guadalquivir, situado en el Sector Sur, padeció un asalto de las mismas características, cuyos responsables no han sido identificados.

Está previsto que la Junta Local de Seguridad, en la que deben participar la Junta, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, se reúna la semana próxima y fije medidas específicas para combatir los robos. Carrillo declaró que espera esta convocatoria infructuosamente desde hace un año y comparó la situación de Córdoba con la de Almería, donde este organismo se reúne con periodicidad mensual.