Insumisos sin causa
La sustitución del servicio militar obligatorio por tropas profesionales ha dejado una estela de cuestiones pendientes advertidas a tiempo desde la oposición pero culpablemente ignoradas por el Gobierno. La mayoría parlamentaria del PP rechazó durante el año 2001, sin ofrecer fórmulas alternativas, proposiciones legislativas y sugerencias técnicas para solucionar dos graves problemas: el vaciamiento de los servicios cubiertos por la prestación social sustitutoria (PSS) y la situación jurídico-penal de los procesados o condenados por comportamientos relacionados con el servicio miliar obligatorio.
La Constitución condicionó el ejercicio de la objeción de conciencia al cumplimiento de una prestación social sustitutoria organizada por las Administraciones públicas o por entidades privadas. Los dictados morales o las conveniencias personales dispararon la cifra de objetores desde los 12.000 solicitantes de 1985 a los 165.000 peticionarios de 1999: más de un millón de personas en total han desempeñado trabajos cívicos tales como la atención a emigrantes, minusválidos, ancianos y mujeres maltratadas. Si al comenzar 2001 había 120.000 plazas disponibles para los objetores, al terminar el año sólo estaban ocupadas 20.000: la desaparición del servicio militar obligatorio ha arrastrado consigo a la prestación social sustitutoria. Sólo el Gobierno ha sido cogido por sorpresa por ese hecho cantado: el carácter soterradamente coercitivo de la PSS hacía inevitable su vaciamiento tan pronto como dejase de ser el precio a pagar por no hacer el servicio militar. Esa imprevisión del Ejecutivo deja ahora sin cubrir la inmensa mayoría de las plazas consagradas a un benemérito trabajo para el que no existen aspirantes.
La abolición del servicio militar obligatorio tampoco ha sido acompañada de medidas jurídico-penales a favor de los procesados o condenados por su causa. La objeción de conciencia también estaba sometida a sospecha criminal: el artículo 527 del Código Penal sancionaba con penas de inhabilitación de hasta 12 años a quienes se negasen a cumplir la PSS una vez solicitada. El trato dado a los insumisos stricto sensu era más duro: el artículo 604 les castigaba hasta con dos años de prisión. Finalmente, los desertores, esto es, los insumisos sobrevenidos después de entrar en el cuartel, estaban sometidos a la jurisdicción castrense y a una pena de seis años de cárcel. Al día de hoy, siguen abiertos 4.771 procesos contra objetores emboscados o insumisos declarados; aunque muchos jueces y fiscales hayan paralizado en la práctica las actuaciones sumariales, la inseguridad jurídica padecida por los imputados es inaceptable para un Estado de Derecho. Muchos jóvenes -al parecer, varios miles- inhabilitados penalmente por su abandono de la prestación social sustitutoria siguen sin poder acceder a las Administraciones y empresas públicas ni optar a becas, subvenciones o ayudas. Cuatro insumisos permanecen internados en prisiones civiles. Y tres desertores continúan en cárceles militares.
Al elegir la prestación social sustitutoria, el objetor de conciencia no se opone al servicio militar obligatorio en cuanto tal, sino que alega sólo motivos religiosos, morales o filosóficos para no cumplirlo; en cambio, el insumiso impugna la institución en sí misma y cualquier fórmula alternativa que la presuponga. La insumisión puede constituir una táctica oportunista de movimientos violentos como el nacionalismo vasco radical. Sin embargo, otras veces se ajusta a los requisitos de la desobediencia civil, una figura compatible con el Estado de Derecho siempre que el infractor de la norma prescinda de la violencia, no rechace el resto del ordenamiento jurídico y acepte las consecuencias penales de sus actos. La desobediencia civil -ha escrito Habermas- se mueve en un incierto umbral situado entre la legalidad rechazada y la legitimidad reivindicada. Los infractores, sin embargo, no siempre aciertan: 'Los locos de hoy no tienen por qué ser los héroes de mañana; muchos de ellos serán mañana los locos de ayer'. Pero la supresión del servicio militar obligatorio por el PP ha demostrado que la cordura y la razón estaban del lado de los objetores, insumisos y desertores inhabilitados, encarcelados o pendientes de juicio: el Gobierno debe extraer las lógicas consecuencias despenalizadoras de esa situación.
