El Consejo Económico y Social critica la insuficiencia económica del II Plan sobre Drogas

El espíritu del nuevo plan andaluz sobre drogas es más ambicioso que el anterior al incorporar la lucha contra nuevas adicciones, como la de los juegos de azar, o las tendencias abusivas en el consumo de alcohol y tabaco de los jóvenes. El borrador del documento elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales, sin embargo, ha recibido severas críticas del Consejo Económico y Social (CES) por 'olvidar' las adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías (Internet o líneas eróticas) y su insuficiencia presupuestaria, al menos para 2002. En su dictamen, el CES aprecia una 'falta de concreción' y 'grandes desigualdades territoriales' en el presupuesto de 42,16 millones de euros (7.015 millones de pesetas para el 2002).

El dictamen del Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo de la Administración autonómica donde están representados empresarios, sindicatos y otros agentes sociales, sobre el borrador del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones resulta especialmente crítico a la hora de enjuiciar su dotación económica, en el primero de sus cinco años de aplicación (el plan abarca el periodo desde el 2002 hasta el 2007).

Pero tampoco el contenido del documento se salva de las recriminaciones. Para el CES, el borrador elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales 'olvida en parte el problema de las adicciones de las llamadas drogas legales así como las nuevas adicciones que se empiezan a detectar como consecuencia del mal uso de las nuevas tecnologías'.

Entre otras cita la adicción a Internet, a las líneas eróticas o party-line que, a juicio del CES, comienzan a tener una 'incipiente' repercusión social que requieren la puesta en marcha de mecanismos de prevención.

En relación con el presupuesto previsto para 2002, que alcanza los 42,16 millones de euros (7.015 millones de pesetas), el órgano consultivo considera que resulta insuficiente 'para afrontar con amplitud un problema de la gravedad del que nos ocupa', además de censurar la falta de concreción sobre el destino de cada partida y las 'grandes desigualdades territoriales' del presupuesto, aunque en su dictamen reconoce que el desconocimiento sobre los criterios impide cotejar 'si existe o no una justa distribución'.

En la memoria económica para el ejercicio del 2002, la Consejería de Asuntos Sociales establece un presupuesto total de 42,16 millones de euros, que se desglosan en las partidas destinadas a la prevención, con 7,82 millones de euros (1.301 millones de pesetas), la atención sociosanitaria, con 21,93 millones de euros (3.649 de pesetas), la incorporación social, 8,66 millones de euros (1.441 de pesetas), la formación e investigación, con 2,77 millones de euros (461 de pesetas) y un capítulo de obras e inversiones con casi un millón de euros (160 millones de pesetas).

Prevención escolar

Entre otras precisiones críticas del CES, que considera conveniente la puesta en marcha del nuevo plan, figuran la diferencia presupuestaria entre las comunidades terapéuticas públicas, que reciben pequeñas partidas, y las concertadas, además de la escasa dotación para la prevención en el medio escolar con tan sólo 24.040 euros (cuatro millones de pesetas).

El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones pretende perfeccionar los recursos ya existentes y abordar los cambios generados en materia de drogas, según el borrador analizado por el CES. Su espíritu es más abierto y ambicioso que el anterior plan, al incorporar nuevas adicciones e impulsar medidas dirigidas a reducir riesgos y daños relacionados con el consumo de drogas.

Otro de los aspectos sobre los que incidirá son los nuevos patrones de abuso de alcohol y tabaco entre los jóvenes, con el objetivo de evitar que 'los consumos esporádicos puedan convertirse en drogodependencias'. Una de las medidas contempladas para ello es el fomento de la figura de los educadores de calle.

Dentro de la prevención, el borrador propone acuerdos en el ámbito laboral para incluir en los convenios colectivos medidas para favorecer la rehabilitación de drogodependientes y garantías de que los trabajadores no perderán su puesto de trabajo. Además, se contemplan programas de sensibilización para animar a las empresas a aceptar drogodependientes como medio de favorecer su inclusión social. El documento también dedica especial atención a los reclusos con problemas de drogodependencias y defiende medidas alternativas a la prisión en algunos casos.