A la espera de otro préstamo del FMI

El proyecto de ley del Gobierno argentino que establece la devaluación del peso no sólo genera polémica por el futuro de los créditos y las tarifas de servicios públicos. Los economistas ortodoxos critican la cesión de superpoderes del Congreso al presidente Eduardo Duhalde, de modo que pueda determinar la cotización del peso para el comercio exterior y la transferencia de remesas al extranjero. Consideran que la nueva paridad debe fijarse por ley para que genere mayor credibilidad, como ocurrió durante casi 11 años con la regla de la llamada convertibilidad: 1 peso, 1 dólar.

La existencia de un tipo de cambio fijo y otro flotante para el resto de las operaciones internas despierta inquietud. Si el peso se deprecia en un grado mayor en el mercado libre que en el regulado por el Gobierno, se corre el peligro de que los exportadores liquiden de menos, y los importadores, de más. Estas prácticas irregulares mermarían la recaudación tributaria del Estado, que ya en diciembre bajó más del 20%.

El proyecto del Gobierno tampoco deja claro las normas del Banco Central para la emisión de moneda, que bajo la ley de convertibilidad sólo se permitía por el ingreso de divisas y oro. La iniciativa de Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, sólo establece que las reservas del Banco Central respaldarán los pesos en circulación y los encajes bancarios. Los analistas más pragmáticos opinan que la recesión, que lleva tres años y medio, permite imprimir hasta 2.000 millones de pesos más sin generar inflación. El Gobierno estudia el pago de salarios de funcionarios y pensiones con la emisión de 3.000 millones de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), bonos que circulan desde hace dos meses como si fueran moneda y aún se cotizan a un peso. El equipo económico del Gobierno calcula que cuenta con reservas suficientes para sostener la nueva paridad en el corto plazo hasta que consiga un crédito adicional del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Remes Lenicov se comunicó el viernes telefónicamente con la subdirectora del FMI, Anne Krueger. Pretende lograr un préstamo de hasta 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas, que mermaron en 11.000 millones el año pasado.

Otros artículos del proyecto provocan más discusiones: la imposición de precios máximos para combustibles o medicinas, la suspensión por dos años de la reciente ley de protección de los depósitos y la prohibición por seis meses de los despidos injustificados y las ejecuciones hipotecarias. También llueven críticas porque faltan definir otros puntos pendientes: la reforma estructural del Estado, la redistribución de los ingresos fiscales entre las provincias según su capacidad de generarlos, la mejora del control tributario, el modo en que se liberará la congelación de los depósitos y los planes sociales.