La amalgama
LAS NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO de Aznar con el equipo formado por el Ejecutivo de Vitoria y las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava para renovar el Concierto Económico del País Vasco han terminado como el rosario de la aurora; vencido el plazo de vigencia -veinte años- del anterior concierto fijado por la Ley de 13 de mayo de 1981, la incapacidad de los interlocutores para ponerse de acuerdo antes del 31 de diciembre de 2001 ha provocado un grave conflicto institucional. Las causas de la ruptura están ocultas por la espesa maleza formada por las acusaciones mutuas entre los negociadores y las versiones contradictorias acerca de sus diferencias. La híbrida naturaleza jurídico-política del Concierto -una ley aprobada por el Parlamento presentada retóricamente como un pacto entre iguales- imposibilita un debate con luz y taquígrafos; las negociaciones a puerta cerrada, de las que dan sesgada cuenta los interlocutores en función de sus intereses y prejuicios, espesan todavía más las brumas en torno a un litigio en sí mismo opaco por su complejidad técnica y sus orígenes históricos.
El Gobierno de Vitoria intenta condicionar la aprobación de los acuerdos económicos y financieros para la autonomía fiscal vasca a su presencia con voz propia en las instituciones europeas
Promulgada en la resaca de derrota de la segunda carlistada, la Ley de 21 de julio de 1876 suprimió la exención tributaria disfrutada hasta entonces por los habitantes de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava; un decreto posterior de 1878, sin embargo, concedió una amplia autonomía fiscal a las tres provincias: Navarra había aceptado una fórmula semejante tras la primera guerra carlista. Restablecidos por la democracia a la muerte de Franco los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa derogados en 1937 (la dictadura respetó a Navarra y Álava), el Estatuto de Gernica modificó su modelo: el Gobierno de Vitoria comparte ahora con los tres territorios históricos la negociación de concierto.
El lehendakari Ibarretxe impuso la amalgama de dos asuntos de naturaleza diferente dentro de la misma agenda negociadora: de un lado, los tradicionales aspectos económicos, financieros y jurídico-fiscales que afectan a las tres diputaciones forales; de otro, la participación -de manera imprecisa-del Gobierno vasco en las instituciones de la Unión Europea (UE) para defender sus intereses propios. Esa fusión aparentemente inextricable entre dinero y status condiciona la firma del acuerdo económico-financiero deseado por las diputaciones a la satisfacción de una reivindicación política concebida como un paso hacia la soberanía del País Vasco.
La resistencia del PP a admitir la posibilidad de que las regiones puedan participar en la toma de decisiones comunitarias -al lado de los representantes del Estado- cuando su contenido les concierna ha privado al ministro Montoro de un convincente argumento polémico. La exclusivista pretensión del Gobierno vasco de introducir con calzador en el Concierto -ahora o dentro de seis meses- su derecho a estar presente en las instituciones europeas siempre que se discutan materias relacionadas con el Concierto olvida la existencia de otras dieciséis comunidades que también aspiran al mismo objetivo cuando estén en juego sus competencias exclusivas. Los mecanismos de participación europea de todas las autonomías y la reforma constitucional del Senado evitarían probablemente los conflictos nacidos -como en este caso- del bilateralismo.
A la vista del bloqueo de la negociación, el Gobierno del PP ha empleado su mayoría absoluta para prorrogar un año el Concierto de 1981, una solución políticamente realista y constitucionalmente viable; la ley del cupo, de vigencia quinquenal, prevé de manera explícita esas prórrogas. Entre las represalias anunciadas por el Gobierno de Vitoria contra esa decisión unilateral figura la disminución -también unilateral- de la cuota a pagar al Estado durante 2002, calculada sobre la base del prorrogado Concierto de 1981: todo parece indicar que el lehendakari Ibarretxe se ha excedido de sus competencias y está al borde de conculcar su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes.
