Insumisos en libertad
Los reales decretos de supresión del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria de marzo pasado deberían haber llevado, en buena lógica, a la total excarcelación del colectivo de jóvenes insumisos presos en la cárceles españolas. De alguna manera, aquellos reales decretos tenían una significación análoga a una amnistía. Desaparecido el delito -el sistema de obligaciones legales que lo contemplaba-, los efectos de la pena deben borrarse cuanto antes. El Gobierno y los jueces, cada cual en su ámbito, deberían haber tomado las medidas legales pertinentes -desde la libertad condicional al indulto, según los casos- para que ningún joven insumiso siguiera encausado o en prisión una vez manifestada la voluntad del legislador de acabar con el sistema legal de la mili obligatoria.
Si a lo largo del año resultaba insostenible, desde estrictos criterios de justicia, que siguieran coleando situaciones penales que no se corresponden con conductas delictivas, a partir de hoy, 31 de diciembre, fecha en que finaliza formalmente el sistema de mili obligatoria, tales situaciones resultan escandalosas. Sin embargo, al menos siete jóvenes insumisos siguen penando al iniciarse el año 2002 por delitos que ya no existen, tres en prisiones militares y cuatro en civiles. Esa situación debe acabar ya. De no ser así, los partidos deberían tomar alguna iniciativa para impedir que esos jóvenes sigan un día más privados de libertad.
Al Gobierno le corresponde, fuera de las falaces disquisiciones semánticas que plantea el Ministerio de Defensa, impulsar cuanto antes en el Parlamento la reforma de los códigos penales- el común y el militar- para adaptarlos a la supresión de la mili obligatoria, facilitando así el sobreseimiento judicial de las más de 4.000 causas que siguen abiertas y la rehabilitación de la bolsa de miles de jóvenes que están inhabilitados, por su condición de antiguos insumisos, para conseguir trabajo en las administraciones públicas o beca para sus estudios universitarios.
Pero lo más urgente es sacar de la cárcel a los siete últimos insumisos que penan en ella. Si no se les pone de inmediato en libertad, parecerá que se quiere castigar, ante todo, las posibles actitudes antimilitaristas y pacifistas de su rechazo a la mili, amparadas en el derecho a la libertad ideológica y, en todo, más inocuas para la sociedad que sus contrarios: el militarismo y el belicismo.
