Los últimos insumisos

Desde el pasado 20 de diciembre, ningún joven español tiene que regresar al cuartel antes del toque de retreta para cumplir el servicio militar obligatorio. Pero Alberto Estefanía Hurtado, de 30 años, sociólogo, natural de Bilbao, sigue volviendo cada noche a la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir la pena de dos años y cuatro meses que le impuso el tribunal militar territorial de La Coruña por haber abandonado la mili en 1998. Igual que su compañero Óscar Cervera García, valenciano y licenciado en Física de 30 años, quien no completará su condena por deserción hasta el 3 de julio del año 2003.

En todo caso, su situación es mejor que la de Javier Rodríguez Hidalgo, estudiante de 23 años, también de Bilbao, quien ingresó en la prisión militar el pasado 20 de octubre y está todavía en régimen cerrado, por lo que no tiene derecho a permisos y ha vivido las fiestas navideñas tras las rejas, sin más comunicación exterior que las reglamentarias visitas, entre cuatro y ocho de la tarde en una sala compartida con otros reclusos, y cuatro llamadas telefónicas a la semana, de cinco minutos cada una y a números previamente autorizados.

Ninguna norma dice que se interrumpan los 4.771 procesos abiertos contra insumisos

'Es increíble que los jóvenes españoles ya no tengan que ir a la mili y que quienes han luchado para que eso sea una realidad estén presos o inhabilitados', afirma Pepe Beunza. Este valenciano de 54 años es el abuelo de los objetores españoles. En 1971, en pleno franquismo, se negó a vestir el uniforme, alegando sus convicciones pacifistas, lo que le costó una peregrinación por los penales de Valencia, Jaén y Cartagena y 15 meses en un pelotón de castigo de la Legión en el Sáhara. 'Tiene que haber una amnistía para ellos. Conozco a algunos de los que están en prisión y son gente extraordinaria', agrega.

Alberto, Oscar y Javier son los últimos insumisos recluidos en una cárcel militar, pero en prisiones civiles hay al menos otros cuatro, ocho más están en libertad condicional y uno en libertad provisional, pendiente de juicio.

El final de la mili no ha supuesto la paralela supresión de los artículos 527 y 604 del Código Penal, que castiga con hasta seis años de inhabilitación para acceder a empleos o ayudas públicas a quienes se nieguen a cumplir la mili o la prestación sustitutoria. Ni tampoco del artículo 120 del Código Penal Militar, que castiga con hasta seis años de cárcel a los desertores. El Ministerio de Defensa alega que el delito de insumisión se ha vaciado de contenido, al desaparecer la obligatoriedad de la mili, y que el de deserción sigue vigente para los militares profesionales.

Sin embargo, ninguna norma dice que se interrumpan los 4.771 procesos, según datos oficiales, abiertos contra insumisos, y sólo la prudencia de la mayoría de los jueces y fiscales evita que se sigan celebrando juicios y dictando condenas. Queda además una bolsa de miles de jóvenes inhabilitados para conseguir un trabajo en la Administración o una beca en la etapa clave de sus vidas para insertarse laboralmente. La pena de inhabilitación, aunque parezca benigna, no es ninguna broma, como ha comprobado Luis Villaverde Caribe, interno desde el 31 de agosto en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) por quebratamiento de condena. Es decir, por aceptar un empleo público mientras estaba inhabilitado como insumiso.

Respecto a la deserción, por la que fueron condenados más de 30 jóvenes, que se sumaron a la campaña insumisión en los cuarteles y se declararon objetores tras incorporarse a filas, aunque la buscaron voluntariamente, jamás hubieran podido cometerla si no hubiera existido el reclutamiento forzoso.

'Nosotros no estamos en prisión por gusto, y es evidente que en fechas como éstas resulta más duro, uno echa más de menos a los familiares y amigos', afirma Alberto, 'pero el sentimiento de que estás haciendo lo que debes, de que estás aportando algo a la sociedad, hace que en el fondo te sientas bien contigo mismo'.

La Internacional de Resistentes contra la Guerra, la asociación pacifista más antigua del mundo, ha incluido a los insumisos españoles en su lista de honor y los tres presos de Alcalá de Henares han recibido estas navidades felicitaciones desde Suecia, Filipinas o EE UU, en idiomas que ni sus destinatarios entienden.

'Al principio, los otros reclusos nos trataban con hostilidad, sobre todo a los vascos, por el rumor, difundido interesadamente, de que teníamos relación con ETA', explica Alberto. 'Cuando vieron que rechazamos toda violencia, la situación cambió. Aunque, claro, son militares, y lo que nosotros queremos es abolir los ejércitos y dejarlos en el paro'.

En mayo pasado, el PP rechazó en el Congreso una petición de todos los demás grupos parlamentarios para que se despenalizara la insumisión, se excarcelase a los presos, se archivaran los procesos pendientes y se indultase a los inhabilitados. 'No se puede pretender una despenalización anticipada, mientras subsista la obligación tiene que existir la sanción', alegó el portavoz popular.

Han pasado los meses y el servicio militar ya no existe. Salvo para Alberto, Oscar, Javier y otros miles de jóvenes que durante años seguirán pagando sus platos rotos. Por ejemplo, cuando comprueben los inconvenientes de tener antecedentes penales. A ellos no parece importarles demasiado, creen que vale la pena pagar ese precio por sus convicciones. Pero es a la sociedad, agrega Beunza, a la que esta situación debería producirle vergüenza.