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El Ayuntamiento de Lleida acumula una deuda de 180 millones de euros

El equipo de gobierno reduce el presupuesto de 2002 el 4,9%

Las restricciones económicas han llegado al Ayuntamiento de Lleida. La deuda municipal supera los 180 millones de euros (30.000 millones de pesetas). En el último pleno del año, el consistorio aprobó, con los votos del equipo de gobierno, formado por el PSC e IC-V, el presupuesto municipal para 2002, que asciende a más de 97,3 millones de euros (16.200 millones de pesetas) y es el 4,9 % inferior al de 2001.

El consistorio leridano, que desde hace varios ejercicios atraviesa una delicada situación económica, deberá apretarse el cinturón si quiere cumplir todos los compromisos adquiridos. La oposición - CiU, el PP y ERC- ha denunciado que debido a una mala gestión del alcalde actual, el socialista Antoni Siurana, la deuda municipal ha crecido sin parar y ya ha superado los 30.000 millones de pesetas si se contabilizan los 7.000 millones que se adeudan a los proveedores. A todo ello hay que añadir una elevada carga financiera del consistorio que repercute en el ritmo inversor y que motiva que los leridanos estén pagando unos ocho millones de pesetas diarios en intereses y amortizaciones de créditos.

Las arcas municipales están tocando fondo, pero Siurana y su equipo insisten en proclamar la buena salud económica del Ayuntamiento, que para reducir la deuda se ha visto obligado a no cubrir 28 plazas vacantes de personal y a refinanciar la amortización de varios créditos por un importe de 15.000 millones de pesetas que no liquidará hasta 2022. Además, la Generalitat no lo ha autorizado a suscribir nuevos créditos por valor de 2.700 millones de pesetas hasta que presente un nuevo plan de saneamiento.

Siurana justifica el elevado endeudamiento refiriéndose al numeroso patrimonio adquirido y aduciendo que la inversión realizada no debe computarse como una carga financiera, sino como un activo. 'Si se quieren hacer cosas, hay que recurrir al crédito, y nosotros queremos hacerlas', señaló el alcalde, quien lamentó la falta de colaboración de los gobiernos central y catalán.

La adquisición de los cuarteles militares de Gardeny por 2.700 millones de pesetas, la construcción urgente de un pabellón polideportivo (1.500 millones) a fin de que la ciudad pueda tener un equipo de baloncesto en la máxima categoría y la expansión urbanística de los barrios de Balafia y Cappont han mermado la capacidad financiera del consistorio, que tiene varias obras pendientes de ejecución, como las dos pasarelas de peatones sobre el río Segre. Los proveedores también se quejan por las demoras en los cobros.

Por estos motivos, los presupuestos son restrictivos y los recortes afectarán al capítulo de personal, al de gastos corrientes y a las subvenciones. La oposición votó en contra al considerar que prevén un incremento de los impuestos para el próximo año de entre un 4% y un 7%, y una disminución del 15% de la inversión respecto al ejercicio actual. El 30% de los gastos corresponden al capítulo de personal.

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