Promesa rota

El Gobierno prometió el año pasado, en el decreto de medidas de liberalización, que las tarifas eléctricas bajarían el 9% en tres años; e inició las rebajas con una del 4% para el consumo doméstico el año 2001. Bien, esa promesa ya no podrá cumplirse. El Consejo de Ministros aprobó ayer la congelación de la tarifa eléctrica doméstica y un aumento del 1% como media en la industrial para el ejercicio 2002; de forma que si el ministro de Economía quisiera cumplir con lo prometido tendría que proponer para el año 2003 una disminución del 5%, algo que, a la vista de la demostrada capacidad de presión de las compañías, parece improbable.

La congelación del recibo de la luz para el año próximo se produce después de que las eléctricas, responsables de importantes deficiencias en el servicio durante las pasadas semanas, hayan conseguido, con la escenificación de las dificultades inversoras derivadas del descenso continuado de los ingresos, que las tarifas no bajen el 3%. Han roto la tendencia a la baja del precio de la electricidad mientras que el Gobierno salva relativamente la cara con una congelación tarifaria que intenta vender políticamente.

Los Gobiernos del PP han pregonado las excelencias de su política de liberalización del sector, que habría conseguido bajar el precio de la electricidad a partir de 1996. Pero resulta que si las tarifas han podido bajar en los últimos años no se debe a una brillante intervención de la Administración, sino al hecho de que los tipos de interés se han desplomado y han abaratado la deuda de las compañías. Por el contrario, puede suponerse que las tarifas han bajado menos de lo que hubiera permitido el descenso en el coste del dinero. Aunque se dejen a un lado detalles tan importantes, hay que mencionar el ventajismo de vender a los usuarios una rebaja de tarifas sin mencionar su descarnada contrapartida, que es el deterioro de las inversiones en la red de distribución, como se ha comprobado con los recientes apagones en Cataluña, Madrid y Valencia.

La congelación de la tarifa eléctrica para el año entrante no es una buena noticia para los consumidores. Lo peor es que, a pesar de las ventajas concedidas a las empresas, hogares y empresas no tienen la garantía suficiente de que van a recibir el suministro eléctrico que necesitan. Ni baja la luz ni desaparece la inquietud por la precariedad del suministro.