Ocasión perdida

El Gobierno tenía razón al mantener que el sistema de financiación del Estado de las autonomías es un todo y que está previsto para que, con los recursos que en el mismo se contemplan, las comunidades autónomas puedan hacer frente a todas las competencias que han asumido en virtud de sus estatutos de autonomía y presten a los ciudadanos todos los servicios que la asunción de dichas competencias comportan. Un sistema es un todo que no admite ser troceado unilateralmente por quienes se han integrado en el mismo. Mucho menos cuando lo que está en juego es la sanidad, que supone, con diferencia, la competencia con más peso en el sistema de financiación. No aceptar la prestación del servicio sanitario es no aceptar el sistema de financiación.

Ahora bien, para que el Gobierno hubiera tenido razón al final tendría que haberla tenido al principio, es decir, tendría que haber puesto encima de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el momento en el que se acordó el sistema de financiación, todos los elementos definitorios del mismo, de tal manera que las comunidades autónomas pudieran dar su consentimiento con pleno conocimiento de a qué se comprometían.

Dicho de otra manera: el sistema de financiación tiene que ser un sistema no sólo en el momento de su aplicación, sino también en el momento de su gestación. El sistema de financiación tiene que ser un todo no sólo al final, sino que lo tenía que haber sido desde el principio. Se tenían que haber negociado todos los elementos del sistema entre el Estado y todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de tal manera que, una vez que se hubiera acordado el sistema entre todos, nadie hubiera podido llamarse a engaño y expresar reservas sobre el contenido de lo acordado.

Esto es, obviamente, lo que no ha ocurrido. Al contrato de financiación, pactado con y aceptado por las comunidades autónomas, se le han ido añadiendo unilateralmente cláusulas por el Gobierno, bien mediante la técnica de las enmiendas en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en lo que solamente se puede calificar de 'fraude de Constitución', bien mediante la valoración unilateral de los servicios sanitarios que se traspasaban del Insalud a determinadas comunidades autónomas. Contra esta novación del contrato de financiación es contra el que se han rebelado determinadas comunidades autónomas, independientemente, por fortuna, del partido que hubieran elegido los ciudadanos para la dirección de la misma.

Al final se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y cada una de las comunidades autónomas que se resistían a la aceptación de las condiciones que unilateralmente se le pretendían imponer, y que el sistema de financiación se va a aplicar de forma generalizada. Eso está bien. La pacificación de un asunto tan espinoso como éste, que venía envenenándose desde 1993, es una muy buena noticia.

Se ha perdido, sin embargo, la ocasión de hacer pedagogía en un terreno, como este de la estructura del Estado, en el que toda la pedagogía que se haga es poca. En lugar de haber hecho una negociación global completa, en la que se hubiera visualizado claramente el principio de unidad política del Estado y su realización efectiva mediante el ejercicio del derecho a la autonomía de todas las comunidades autónomas simultáneamente, se ha acabado en múltiples negociaciones bilaterales, que han transmitido la imagen de que la estructura del Estado no es un problema de todos, sino que es un problema del Gobierno con cada una de las comunidades autónomas. Es algo que se podría haber evitado perfectamente.