La farsa del lino

España se enfrenta a una 'corrección financiera', expresión que en el argot europeo significa sanción o penalización, de nada menos que veintiún mil millones de pesetas, importe íntegro de las subvenciones satisfechas a los agricultores españoles por el cultivo del lino en las campañas 1996-97, 1997-98 y 1998-99. Esta penalización propuesta a la Comisión Europea por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) se basa, fundamentalmente, en un informe remitido a Bruselas por la Fiscalía Anticorrupción, donde se concluye que en el cultivo del lino existió, más que meras irregularidades, un fraude generalizado.

El informe remitido a la OLAF es el mismo que otro anterior de la fiscalía, para consumo interno, al que califiqué de 'papelito' cuando se hizo público. Pues bien, ante el gravísimo perjuicio que se avecina para los intereses nacionales, si Dios y Arias Cañete no lo remedian, me siento obligado a justificar por qué formulé tal calificativo.

'El 'papelito' del fiscal ha venido como anillo al dedo para proponer un correctivo exorbitante'

La fiscalía fundamenta su rotunda conclusión de 'fraude generalizado' en el análisis de la actividad de una de las 16 empresas transformadoras de lino que hubo en España. La china le tocó, casualmente, a la empresa Colino, perteneciente al grupo empresarial de la familia de Gonzalo Ruiz Paz, que fue director financiero de Mercasa, cargo de naturaleza laboral y puramente técnico, en cuyo nombramiento nada tuvo que ver Loyola de Palacio, pero que fue incluido por el PSOE en la famosa trama de altos cargos que, según probó la Comisión de Investigación del Congreso, fue fruto de la calentura electoral del señor Bono.

De acuerdo con las normas comunitarias, sólo a partir de la campaña 1998-99, es decir, la última de las tres campañas tildadas de fraudulentas, se exigió a los agricultores que por cada hectárea cultivada debían obtener como mínimo mil kilogramos de varilla de lino, cuya tranformación en fibra debía contratarse con una empresa autorizada por la correspondiente comunidad autónoma. Por tanto, sólo en esta campaña los agricultores pudieron sentir la tentación de concertarse con las empresas transformadoras para obtener certificados falsos de transformación de un lino que nunca llegó a cultivarse.

La fiscalía dice en su informe haber analizado el comportamiento de Colino en las campañas de 1997-98 y 1998-99. Verificó -sobre el papel- su capacidad de producción, las horas trabajadas, los consumos de energía eléctrica y el número de trabajadores empleados y, mediante un método puramente deductivo o indiciario, llegó a la conclusión de que no pudo transformar los 4.697.973 kilos que declaró haber transformado en la campaña 1997-98. En consecuencia, la empresa tuvo necesariamente que expedir certificados falsos de transformación a fin de permitir a los agricultores percibir subvenciones por un lino no producido. Desde el punto de vista penal, sostiene la fiscalía, pudieron los agricultores cometer un delito de fraude a las arcas comunitarias, con la cooperación necesaria de los responsables de la empresa transformadora. Ahora bien, como es imposible identificar a los agricultores que hubieran incurrido en este delito, la persecución penal -concluye el fiscal- es muy difícil, por no decir imposible.

El informe de la fiscalía añade que también había investigado la actividad de Colisur -otra casualidad-, pues se trata de la agramadora en la que tenían participación indirecta minoritaria familiares del que fuera presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, aunque -en aras de la brevedad, según dice paladinamente- no aporta dato alguno, conculcando el principio constitucional de que toda acusación de naturaleza delictiva, por el descrédito que puede llegar a producir, ha de ser razonada y no puede provocar indefensión. (Por cierto, que en otra actuación que sólo puede ser tenida como torticera la fiscalía solicitó la declaración en calidad de imputados de dos de los hijos del señor López de Coca. Nada más comparecer ante el juez Garzón resultaron desimputados, aunque el daño para su imagen ya estaba hecho. Ahora acaba de formular una insólita imputación contra el propio ex presidente del FEGA, al que acusa de un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que estoy seguro correrá la misma suerte que la imputación contra sus hijos. Da la impresión de que se trata de alargar a toda costa el procedimiento por motivaciones extrajudiciales, que coinciden -otra casualidad más- con el recrudecimiento de la campaña socialista en Bruselas contra Loyola de Palacio.)

Pues bien, lo más lamentable de todo este asunto es que el informe de la fiscalía parte, para fundamentar sus conclusiones, de un hecho radicalmente falso, pues no es cierto que Colino transformara 4.697.973 kilogramos de varilla de lino en la campaña 1997-98, sino tan sólo 3.183.602 kilogramos, cantidad para la que tenía sobrada capacidad. A partir de ahí, todos los cálculos realizados por la fiscalía sobre consumos, trabajadores, horas trabajadas, caen por su base.

¿De dónde sacó la fiscalía un dato de transformación tan manifiestamente falso? Misterio. Si hubiera repasado con algo de atención el expediente de Colino no hubiera cometido una pifia de tan negativas consecuencias para la economía y el buen nombre de España. Un mínimo de rigor le hubiera llevado a limitar la cuantía global del supuesto fraude a la diferencia entre la capacidad transformada, según los certificados de las empresas transformadoras, y la capacidad real, según los datos de la fiscalía, y eso tan sólo respecto al ejercicio 1998-99, único en que se exigió producción mínima y certificado de transformación.

El 'papelito' del fiscal ha venido a la OLAF como anillo al dedo para proponer un correctivo tan exorbitante como es la devolución de la totalidad de las subvenciones, como si en España todos los agricultores hubieran sido delincuentes. Y sirvió también para dar un balón de oxígeno al PSOE después de su fracaso en la comisión de investigación a la hora de demostrar que en el Ministerio de Agricultura hubiera una mafia de altos cargos, dedicados a forrarse con las subvenciones comunitarias, gracias a su acceso a información privilegiada y que, cuando fueron descubiertos, prendieron fuego al lino en un intento desesperado de destruir las pruebas del delito. La fiscalía ni siquiera se atrevió a sostener tan gravísima e infundada acusación, por lo que no se entiende cómo se hace perder su valioso tiempo al juez Garzón investigando si una veintena de agricultores -¡que a eso se reduce el fraude generalizado supuestamente descubierto por el fiscal!- pudieron cometer un delito contra la Hacienda comunitaria en grado de tentativa, pues ninguno de ellos llegó a percibir subvención alguna por haberlo impedido la Administración de Bono, única responsable del control e inspección del cultivo del lino.

Por cierto, que asistimos ahora a otro episodio que sería divertido si no pudiera tener consecuencias negativas para el interés público. Mientras Extremadura y Castilla y León se niegan a admitir la existencia de fraude generalizado, la Comunidad de Castilla-La Mancha guarda silencio. El señor Bono se ha metido en un laberinto de difícil salida. Si dice que no hubo fraude se desdice de todo cuanto ha dicho y tira piedras contra su propio tejado. Pero si no lo hace, Castilla-La Mancha puede salir económicamente trompicada. La Administración de Bono dijo por activa y por pasiva desde el estallido del escándalo que con los agricultores no iba nada, pues todo se circunscribía a la acción de un pequeño grupo de personajes impresentables. Ahora resulta que los defraudadores son todos los agricultores que cultivaron lino en España.

En el Pleno de Congreso de los Diputados del pasado 27 de noviembre, un diputado socialista volvió a calumniar vilmente a ese grupo de personas puestas en la picota por el presidente castellano-manchego. El problema del PP, dijo, es que el dinero europeo se lo habían 'llevado', expresión coloquial de latrocinio, los altos cargos de Agricultura. Es de cobardes convertir la tribuna del Parlamento en un púlpito desde el que calumniar e injuriar impunemente a personas ausentes sin posibilidad de defenderse. De todas formas, el 'papelito' de un fiscal obcecado permite la prolongación de la farsa. Todo un escándalo.España se enfrenta a una 'corrección financiera', expresión que en el argot europeo significa sanción o penalización, de nada menos que veintiún mil millones de pesetas, importe íntegro de las subvenciones satisfechas a los agricultores españoles por el cultivo del lino en las campañas 1996-97, 1997-98 y 1998-99. Esta penalización propuesta a la Comisión Europea por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) se basa, fundamentalmente, en un informe remitido a Bruselas por la Fiscalía Anticorrupción, donde se concluye que en el cultivo del lino existió, más que meras irregularidades, un fraude generalizado.

El informe remitido a la OLAF es el mismo que otro anterior de la fiscalía, para consumo interno, al que califiqué de 'papelito' cuando se hizo público. Pues bien, ante el gravísimo perjuicio que se avecina para los intereses nacionales, si Dios y Arias Cañete no lo remedian, me siento obligado a justificar por qué formulé tal calificativo.

La fiscalía fundamenta su rotunda conclusión de 'fraude generalizado' en el análisis de la actividad de una de las 16 empresas transformadoras de lino que hubo en España. La china le tocó, casualmente, a la empresa Colino, perteneciente al grupo empresarial de la familia de Gonzalo Ruiz Paz, que fue director financiero de Mercasa, cargo de naturaleza laboral y puramente técnico, en cuyo nombramiento nada tuvo que ver Loyola de Palacio, pero que fue incluido por el PSOE en la famosa trama de altos cargos que, según probó la Comisión de Investigación del Congreso, fue fruto de la calentura electoral del señor Bono.

De acuerdo con las normas comunitarias, sólo a partir de la campaña 1998-99, es decir, la última de las tres campañas tildadas de fraudulentas, se exigió a los agricultores que por cada hectárea cultivada debían obtener como mínimo mil kilogramos de varilla de lino, cuya tranformación en fibra debía contratarse con una empresa autorizada por la correspondiente comunidad autónoma. Por tanto, sólo en esta campaña los agricultores pudieron sentir la tentación de concertarse con las empresas transformadoras para obtener certificados falsos de transformación de un lino que nunca llegó a cultivarse.

La fiscalía dice en su informe haber analizado el comportamiento de Colino en las campañas de 1997-98 y 1998-99. Verificó -sobre el papel- su capacidad de producción, las horas trabajadas, los consumos de energía eléctrica y el número de trabajadores empleados y, mediante un método puramente deductivo o indiciario, llegó a la conclusión de que no pudo transformar los 4.697.973 kilos que declaró haber transformado en la campaña 1997-98. En consecuencia, la empresa tuvo necesariamente que expedir certificados falsos de transformación a fin de permitir a los agricultores percibir subvenciones por un lino no producido. Desde el punto de vista penal, sostiene la fiscalía, pudieron los agricultores cometer un delito de fraude a las arcas comunitarias, con la cooperación necesaria de los responsables de la empresa transformadora. Ahora bien, como es imposible identificar a los agricultores que hubieran incurrido en este delito, la persecución penal -concluye el fiscal- es muy difícil, por no decir imposible.

El informe de la fiscalía añade que también había investigado la actividad de Colisur -otra casualidad-, pues se trata de la agramadora en la que tenían participación indirecta minoritaria familiares del que fuera presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, aunque -en aras de la brevedad, según dice paladinamente- no aporta dato alguno, conculcando el principio constitucional de que toda acusación de naturaleza delictiva, por el descrédito que puede llegar a producir, ha de ser razonada y no puede provocar indefensión. (Por cierto, que en otra actuación que sólo puede ser tenida como torticera la fiscalía solicitó la declaración en calidad de imputados de dos de los hijos del señor López de Coca. Nada más comparecer ante el juez Garzón resultaron desimputados, aunque el daño para su imagen ya estaba hecho. Ahora acaba de formular una insólita imputación contra el propio ex presidente del FEGA, al que acusa de un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, que estoy seguro correrá la misma suerte que la imputación contra sus hijos. Da la impresión de que se trata de alargar a toda costa el procedimiento por motivaciones extrajudiciales, que coinciden -otra casualidad más- con el recrudecimiento de la campaña socialista en Bruselas contra Loyola de Palacio.)

Pues bien, lo más lamentable de todo este asunto es que el informe de la fiscalía parte, para fundamentar sus conclusiones, de un hecho radicalmente falso, pues no es cierto que Colino transformara 4.697.973 kilogramos de varilla de lino en la campaña 1997-98, sino tan sólo 3.183.602 kilogramos, cantidad para la que tenía sobrada capacidad. A partir de ahí, todos los cálculos realizados por la fiscalía sobre consumos, trabajadores, horas trabajadas, caen por su base.

¿De dónde sacó la fiscalía un dato de transformación tan manifiestamente falso? Misterio. Si hubiera repasado con algo de atención el expediente de Colino no hubiera cometido una pifia de tan negativas consecuencias para la economía y el buen nombre de España. Un mínimo de rigor le hubiera llevado a limitar la cuantía global del supuesto fraude a la diferencia entre la capacidad transformada, según los certificados de las empresas transformadoras, y la capacidad real, según los datos de la fiscalía, y eso tan sólo respecto al ejercicio 1998-99, único en que se exigió producción mínima y certificado de transformación.

El 'papelito' del fiscal ha venido a la OLAF como anillo al dedo para proponer un correctivo tan exorbitante como es la devolución de la totalidad de las subvenciones, como si en España todos los agricultores hubieran sido delincuentes. Y sirvió también para dar un balón de oxígeno al PSOE después de su fracaso en la comisión de investigación a la hora de demostrar que en el Ministerio de Agricultura hubiera una mafia de altos cargos, dedicados a forrarse con las subvenciones comunitarias, gracias a su acceso a información privilegiada y que, cuando fueron descubiertos, prendieron fuego al lino en un intento desesperado de destruir las pruebas del delito. La fiscalía ni siquiera se atrevió a sostener tan gravísima e infundada acusación, por lo que no se entiende cómo se hace perder su valioso tiempo al juez Garzón investigando si una veintena de agricultores -¡que a eso se reduce el fraude generalizado supuestamente descubierto por el fiscal!- pudieron cometer un delito contra la Hacienda comunitaria en grado de tentativa, pues ninguno de ellos llegó a percibir subvención alguna por haberlo impedido la Administración de Bono, única responsable del control e inspección del cultivo del lino.

Por cierto, que asistimos ahora a otro episodio que sería divertido si no pudiera tener consecuencias negativas para el interés público. Mientras Extremadura y Castilla y León se niegan a admitir la existencia de fraude generalizado, la Comunidad de Castilla-La Mancha guarda silencio. El señor Bono se ha metido en un laberinto de difícil salida. Si dice que no hubo fraude se desdice de todo cuanto ha dicho y tira piedras contra su propio tejado. Pero si no lo hace, Castilla-La Mancha puede salir económicamente trompicada. La Administración de Bono dijo por activa y por pasiva desde el estallido del escándalo que con los agricultores no iba nada, pues todo se circunscribía a la acción de un pequeño grupo de personajes impresentables. Ahora resulta que los defraudadores son todos los agricultores que cultivaron lino en España.

En el Pleno de Congreso de los Diputados del pasado 27 de noviembre, un diputado socialista volvió a calumniar vilmente a ese grupo de personas puestas en la picota por el presidente castellano-manchego. El problema del PP, dijo, es que el dinero europeo se lo habían 'llevado', expresión coloquial de latrocinio, los altos cargos de Agricultura. Es de cobardes convertir la tribuna del Parlamento en un púlpito desde el que calumniar e injuriar impunemente a personas ausentes sin posibilidad de defenderse. De todas formas, el 'papelito' de un fiscal obcecado permite la prolongación de la farsa. Todo un escándalo.

Jaime Ignacio del Burgo fue portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Lino en el Congreso.