Las parejas de hecho homosexuales podrán acoger niños y acceder a prestaciones sociales en Andalucía

Las parejas de hecho, ya sean de igual o distinto sexo, podrán acoger menores en Andalucía. Es la principal novedad del anteproyecto de ley de parejas de hecho de la Consejería de Asuntos Sociales, que también garantizará su acceso a las prestaciones sociales de la Junta. El borrador ha superado ya el trámite del Consejo Económico y Social, que dio su visto bueno con un voto particular en contra de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas y Gays Colegas critica a la patronal por 'intentar coartar los derechos de muchos andaluces'.

El anteproyecto sobre las parejas de hecho pretende regular los nuevos modelos familiares que conviven en la sociedad andaluza junto a las uniones convencionales y equipararlos en derechos, aunque al tratarse de una norma autonómica posee un ámbito limitado legislativo. La Junta, sin embargo, puede legislar en materia de acogimientos familiares de menores, simples o permanentes, que constituye la medida de más calado del borrador elaborado por Asuntos Sociales.

El texto, tras haber superado el trámite del Consejo Económico y Social (CES) -un órgano consultivo de la Administración autonómica-, será remitido al Consejo Consultivo y podría ser aprobado en febrero por el Consejo de Gobierno. El dictamen del CES sostiene que la iniciativa legal resulta especialmente útil como 'instrumento para el reconocimiento gradual de una realidad hasta ahora ignorada y discriminada', en alusión a las parejas del mismo sexo.

Contra el dictamen favorable del CES votó la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que, entre otros argumentos, considera que el órgano consultivo podría 'excederse' en sus funciones al recomendar que el Gobierno andaluz requiriese al central para acometer reformas legislativas que permitiesen el matrimonio entre personas de igual sexo.

La federación Colegas considera esta posición de la patronal 'poco acertada' y señala que 'coarta los derechos de muchos andaluces, entre ellos empresarios de la CEA'. Su presidente, Rafael Salazar ha solicitado una entrevista con el presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, para que le exponga las razones del rechazo al anteproyecto legal.

Convivir en residencias

El documento equipara los derechos de las parejas de hecho, sean de igual o distinto sexo, a los que poseen los matrimonios dentro del ámbito competencial de la Junta. En concreto permitirá que puedan solicitar acogimientos, simples o permanentes, de menores; el acceso a las prestaciones sociales que dependen de la Comunidad Autónoma; la convivencia en residencias de personas mayores o la rehabilitación de drogodependencias sustentada sobre la pareja.

Para optar a cualquiera de ellos, las parejas tendrán que estar inscritas en un registro, que podrá estar descentralizado en los municipios pero que será coordinado por la Administración andaluza. Para anotarse en el mismo no será necesario acreditar un plazo mínimo de convivencia, que fue una de las demandas de la federación Colegas.

En su dictamen, el CES propone la 'integración' de las inscripciones y la 'homologación' de los numerosos registros que existen en los ayuntamientos para que sean análogos al de la Junta. En el actual registro de parejas de hecho autonómico de la Consejería de Justicia están inscritas alrededor de 700 uniones, formadas en el 90% por heterosexuales, pero además numerosos ayuntamientos poseen también registros locales. Colegas calcula que en Andalucía residen unos 700.000 gays y lesbianas, que se beneficiarán directamente de la ley, al igual que los heterosexuales que eligen fórmulas de convivencia alternativas al matrimonio.

Salazar elogia la iniciativa de Asuntos Sociales, que en la práctica equipara los derechos hasta su 'techo competencial', pero reclama que se acompañe de medidas de formación, educación y difusión para que resulte eficaz. No obstante, el objetivo de los colectivos de gays y lesbianas es lograr el reconocimiento del matrimonio civil, que depende de la voluntad del Gobierno centrl, para equipar los derechos de los ciudadanos con independencia de su opción sexual y evitar una dispersión de situaciones jurídicas hacia la que se avanza.