La 'legalización' de la FP

La formación profesional se conoce como la hermana pobre del sistema educativo. En parte, por su mala imagen entre los estudiantes. Pero no sólo es un problema educativo, sino también laboral. El Gobierno quiere dar la vuelta a esta situación con una ley específica, pero sin invertir una peseta más de las previstas en los próximos años.

El dato que manejan ministerio y cámaras es que en el 63% de las titulaciones los alumnos salen colocados, gracias en parte a las prácticas

El proyecto que el Gobierno ha enviado al Parlamento pretende intengrar en un solo sistema los tres tipos de enseñanza que hoy conviven, dándose la espalda, bajo el paraguas de la formación profesional (FP). Es decir, la que siguen 377.478 alumnos este curso en los casi 2.500 centros dependientes del Ministerio de Educación, conocida como reglada; la ocupacional, gestionada por las autoridades laborales y enfocada a la inserción de parados, y la continua, en manos de empresas y sindicatos, que se financia a través de cuotas y fondos europeos y sólo para trabajadores en activo. Hay que coordinar, por tanto, no sólo mundo educativo y productivo, sino también tres formas de financiación y varias administraciones.

Para acercarse a ese objetivo, necesario, según todas las fuentes consultadas, la ley se basa en un pilar fundamental: un sistema nacional de cualificaciones. Se trata de elaborar perfiles profesionales en función de la demanda, 'una película del mercado laboral', explica Juan Menéndez-Valdés, de CEOE, siempre actualizada. Hoy, los títulos de cada subsistema no son reconocidos por el resto y sólo Educación ofrece 139.

La base del sistema, que pretende acercar la FP española con la del resto de la Unión Europea, donde este tipo de enseñanza es más popular, será un catálogo de cualificaciones y otro de los contenidos necesarios para acceder a cada una de ellas, aún por elaborar. En esta tarea cumple un papel estelar el Instituto Nacional de las Cualificaciones, un organismo creado hace un par de años.

Estos catálogos deben permitir una oferta educativa realista, anclada en el mercado, dicen los impulsores de la ley. Pero también que los trabajadores que hoy desempeñan un oficio sin título puedan acreditar su experiencia.

Sobre este eje, pilotarán el resto de las propuestas, muy genéricas aún, como crear centros integrados donde se impartan los tres tipos de FP o una red de centros de referencia sectoriales que sirvan de 'laboratorio', precisa la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Isabel Couso. La ley quiere además acercar estos centros al mercado, de tal forma que el director, un gestor capaz de captar recursos, sea designado por la Administración. El cómo vendrá luego, con el desarrollo de la ley.

Hoy la inserción laboral de los estudiantes de FP varía mucho según la especialidad y el territorio, reconoce Valeriano Muñoz, del Consejo General de Cámaras de Comercio. Desde el 90% de titulaciones como edificación, mecánica industrial, madera y mueble y automoción, hasta el 45% de informática, comercio internacional o administración. Ésta es la especialidad más seguida, por casi un 25% de los estudiantes. Los porcentajes se elevan en el caso de la formación ocupacional: desde el 77% de los cursos relacionados con la construcción hasta el 65% de los ligados al sector agrario, según los últimos datos oficiales.

El dato que manejan ministerio y cámaras es que en el 63% de las titulaciones los alumnos salen colocados, gracias en parte a las prácticas obligatorias en empresas y, según el Congreso Nacional de FP, éstos ganan el 60% más que los titulados universitarios.

La primera dificultad para poner orden en este batiburrillo está en el punto de partida. 'Se pone en marcha una ley sin hacer un diagnóstico de la situación', lamenta la portavoz socialista, Amparo Valcarce. Algunos creen además que se ha perdido la oportunidad de crear una autoridad única que sustituya la dispersión actual. A pesar de ello, el texto, que puede ser modificado en el Parlamento, nace con el parabién de organizaciones empresariales y sindicatos, si bien estos últimos cuestionan la oportunidad de que las empresas puedan irrumpir en la gestión de los centros y la falta de compromisos financieros.

En Educación consideran suficientes los 183.000 millones de pesetas previstos hasta 2006 de las aportaciones europeas, que pueden descender en el siguiente periodo por la ampliación, y de los presupuestos. 'La asignatura pendiente no es la financiación, sino la adecuación a las exigencias del mercado', asegura Couso.

La ley se enfrentará a la oposición del PSOE, que prepara un texto alternativo, y de algunas comunidades autónomas, que consideran que se inmiscuye en competencias transferidas. Pero nadie niega su necesidad. La FP, que hoy es, con la educación infantil, el único nivel que gana alumnos, no tenía aún una ley propia.