La auditoría pide la revisión del sistema de concesión de ayudas para residencias

El informe de la Sindicatura de Comptes pone de manifiesto la detección de problemas jurídicos, de gestión, fiscales y de calidad asistencial en las ayudas que concede el Consell para financiar estancias en residencias de la tercera edad. Ayudas que el año pasado se cifraron en 2.456 millones de pesetas, que se concedieron a 3.710 ancianos. La auditoría considera que la detección de estos problemas debería suponer un 'análisis' de los mismos que se dirigiera a subsanarlos o 'incluso' a 'replantearse esta forma de concesión en comparación con otras opciones' (centros de día, creación de plazas públicas, centros concertados o ayudas directas).

Entre las deficiencias detectadas, el informe recomienda que la Administración valenciana se asegure de que los precios de las plazas que establece se ajustan al coste real de los servicios que el beneficiario recibe, ya que éstos sirven de cálculo para las ayudas. La Sindicatura de Comptes indica, además, que los informes médicos de cualificación de los beneficiarios de ayudas no deben ser suscritos por médicos de la propia residencia.

Otro de los puntos del informe en relación con este apartado insta a la Generalitat a concretar en la orden de convocatoria de las ayudas el tipo de ingresos de la unidad familiar que se tendrá en cuenta a la hora de conceder la subvención. Esta recomendación se realiza tras comprobar que en las ayudas concedidas el año pasado se consideraron los ingresos netos y no los brutos, tal y como indicaba la orden. Una circunstancia que ha rebajado la aportación de los familiares del beneficiario pero que acarreó un aumento en la de la Generalitat. En la misma línea el informe considera que se debe pedir más información patrimonial antes de conceder las ayudas, ya en el análisis de los expedientes del año pasado se evidencia falta de documentación y de comprobaciones sobre las afirmaciones.

Los retrasos de hasta seis meses en la concesión de la ayuda en algunos expedientes, la dilación a la hora de pagar a las residencias superior a los tres meses que establece el protocolo que aceptó la Generalitat o la incapacidad de abarcar todas las solicitudes 'por falta de crédito' (395 expedientes no pudieron ser atendidos el año pasado) son otros problemas detectados en este apartado.