La Sindicatura de Comptes detecta falta de transparencia en la gestión de RTVV

La Sindicatura de Comptes, que evita en su análisis mencionar casos concretos, sí es clara en su conclusión general al admitir que ha detectado 'incumplimientos de la normativa vigente en el apartado sobre los procedimientos de contratación y en el de personal'. El balance de RTVV en 2000 refleja 18.000 millones de pesetas en pérdidas más 32.000 acumulados de ejercicios anteriores, lo que significa 50.000 millones de pesetas en rojo. La partida de aprovisionamiento, donde se incluyen las producciones ajenas y contratadas, supone el 62,5% del gasto en 2.000 sólo de TVV.

La Sindicatura de Comptes ha obviado los nombres de los programas y de las estrellas que forman la retahíla de actuaciones que llevan a RTVV a una quiebra técnica. Sin embargo, el análisis del informe que contiene el detalle del balance correspondiente al ejercicio de 2000 lleva a la Sindicatura a significar algunas de las irregularidades que ha encontrado en la gestión en materia de contratación de programas y de gasto de personal. Entre ellas: se han suscrito contratos de derecho de emisión sin la autorización del órgano competente; se autorizan gastos pese a estar rebasada la consignación presupuestaria; se han detectado gastos de masters sin confirmación de crédito ni autorización del órgano competente; no se cumplimentan debidamente los documentos de solicitud de gastos, en los que faltan las firmas de quienes deben autorizar el gasto. Todo ello está referido, fundamentalmente, a la compra de producciones ajenas y producciones contratadas (éstas últimas ascendieron a 5.792 millones de pesetas y aumentaron respecto a 1999 en un 28,8% sólo en TVV).

El secreto no vale

La contratación de esas producciones supone un episodio de oscurantismo que con el argumento de la 'privacidad' la dirección del ente se niega a facilitar al consejo de administración, al comité de empresa y al comité de redacción. La Sindicatura anula ese argumento cuando dice que 'la Sociedad debe aplicar los principios de publicidad y concurrencia en la medida que sea posible, documentando en caso contrario la motivación de la contratación, de manera que los expedientes incluyan la documentación acreditativa de la fase previa a la contratación, convendría que la adjudicación se produjese tras un informe razonado previo de una comisión de contratación'.

Villaescusa se queda al descubierto aún más cuando el informe añade que en los gastos facturados por las productoras 'se han detectado ciertas insuficiencias de control tales como la falta de justificación en concepto de caché, presentador, decorados y demás gastos relacionados con los invitados a los programas, así como la comprobación por parte de TVV de los medios humanos declarados por las citadas productoras como aportados al programa'.

La Sindicatura reconoce que Villaescusa obedeció indicaciones de anteriores informes, como la de crear un productor delegado que verificara el cumplimiento de contrato de las productoras. Sin embargo, el informe concluye que esa figura es papel mojado al afirmar que 'se ha detectado que en ningún caso se ha efectuado la supervisión necesaria para la comprobación de la adecuada ejecución del contrato'.

Esa práctica se extiende también a los trabajos realizados por otras empresas productoras, que suponen el 7,3% de las compras externas en TVV y el 89,1% en RAV (Ràdio Autonòmica Valenciana). Y también aquí la Sindicatura denuncia el modelo Villaescusa cuando afirma que 'las retribuciones y contratación de corresponsales y colaboradores debería recogerse en la normativa interna para limitar la aplicación de criterios subjetivos'. Profundizando aún más, el informe reconoce 'ciertas irregularidades en las facturas de corresponsales de TVV y RAV que imposibilitan comprobar si se ajustan al contrato o la existencia de algunas facturas que no incluyen la conformidad del corresponsal'. La llamada al orden en la gestión en materia de compra de producciones y gastos de personal lleva a la Sindicatura a recomendar la conveniencia de que sus cuentas respecto a los acuerdos con la FORTA deberían coincidir con las de la productora y no es así.

Las conclusiones del informe de la Sindicatura sobre el ejercicio 2000 coinciden con los antecedentes que han llevado a RTVE a un nivel de endeudamiento que ha hecho necesaria la intervención de la SEPI. El propio director general de RTVE, Javier González Ferrari, anunció la pasada semana la puesta en marcha, tras el férreo control que la SEPI exige en los procesos de contratación de productoras, de un documento marco que establece una serie de parámetros. Al igual que la oposición, comité de empresa y de redacción exigen, entre otras cosas, a la dirección de RTVV, el ente público nacional deberá dimensionar sus recursos, establecer la optimización de los mismos y después fijar el número de producciones externas y el gasto para ellas.

José Vicente Villaescusa, en cambio, afirmó ayer a través de un comunicado que 'el informe de la Sindicatura es favorable en líneas generales a la gestión y no cuestiona las cuentas'. Y aseguró que 'se demuestra que las cuentas son correctas y transparentes'.