El Parlamento aprueba eximir de la colegiación a los profesionales que estén vinculados a la Administración

La iniciativa, ante la que el PP se abstuvo 'por error', se incluyó en la ley de acompañamiento

La ley de acompañamiento del Presupuesto andaluz para 2002 provocó ayer algunas de las intervenciones más duras de los dos días de debate parlamentario en torno a las cuentas autonómicas. 'Es un coladero de decisiones que se sustraen al control público', reprochó la representante de IU, Concha Caballero, quien recordó que la ley, también cuestionada por el Consejo Económico y Social (CES), cambia siete normas autonómicas. El PSOE, tal y como había anunciado el consejero de Salud, Francisco Vallejo, incluyó una enmienda en la ley de acompañamiento para eximir de la colegiación obligatoria a los profesionales vinculados con la Administración, que fue aprobada con la única abstención del PP, que luego dijo que fue 'por error'.

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La abstención del PP ante la propuesta de Salud, que ha provocado en los últimos días las iras de la inmensa mayoría de los 48 colegios profesionales, cogió de improviso a Vallejo; los populares habían anunciado incluso un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. 'Resulta sorprendente que nadie haya votado en contra de una norma que ha sido objeto de controversia durante los últimos días como la libertad de colegiación para los funcionarios públicos y que hace tan solo dos días sólo contó con el apoyo del PSOE', indicó.

El consejero de Salud resaltó que en esta 'controversia' nadie había dado un 'argumento que defienda por qué deben tener los profesionales esa obligación'. Con esta iniciativa, la Junta, además de asumir una reivindicación de un importante colectivo que cuestiona los servicios que ofrecen los colegios, se pone la tirita antes de que se produzca la herida: ya ha habido sentencias que han obligado a otras Administraciones a hacer frente a las cuotas de colegiación cuando sus trabajadores se niegan a ello.

La explicación a la 'sorpresa' en la postura del PP -su ponente en el debate sobre la ley de acompañamiento, Juan Santaella, ni tan siquiera hizo mención a la enmienda propuesta por el PSOE- puede estar en el comportamiento que han tenido los populares en las comunidades que gobiernan. Así, La Rioja, Castilla y León y Galicia ya han realizado modificaciones legislativas muy similares a las que propugna ahora la Junta. Un portavoz de los populares dio horas después de la votación otra explicación: la abstención había sido un 'error' de los parlamentarios del PP, cuya intención era oponerse a la propuesta socialista. La confusión pudo venir en la petición de IU de votar por separado los dos párrafos de la modificación, opción que fue desechada por la presidencia de la Cámara. En todo caso, la representante de Izquierda Unida, Concha Caballero explicó el sentido de su decisión (favorable) justo antes de que la enmienda fuera votada.

Críticas

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La ley de acompañamiento provocó algunas de las recriminaciones más duras de la oposición (PP, IU y Grupo Mixto) a la alianza de gobierno formada por socialistas y andalucistas. 'Hace un año, la consejera de Economía [Magdalena Álvarez], nos trajo a la oposición la buena noticia de que no había ley de acompañamiento, este año no hay buena noticia', dijo Concha Caballero, parlamentaria de IU como preámbulo a sus críticas a las iniciativas de la Junta incluidas en esta norma, todas ellas aprobadas ayer.

La representante de Izquierda Unida tildó de 'antisocial' la rebaja de las tasas sobre el juego y el bingo, incluida en la ley de acompañamiento. Reclamó una reducción en las nuevas tasas académicas que recoge la norma -'es inconcebible que un gobierno progresista someta a este impuesto a los jóvenes y desempleados para recaudar 900 millones al año', dijo- y lamentó que el trámite de esta ley, anexa al Presupuesto, impidiese un 'debate sosegado' sobre la creación del cuerpo de agentes de medio ambiente.

Caballero, que se mostró de acuerdo con la moratoria de un año para las grandes superficies aunque la consideró 'muy limitada' reservó las mayores críticas a la modificación de las condiciones que deben cumplir las empresas para participar en la contratación de servicios sociales públicos. 'Es una privatización encubierta', dijo.

Más ambiguo se mostró el portavoz del PP en el debate. Juan Santaella reconoció que el recurso a la ley de acompañamiento es habitual en todos los gobiernos, a pesar de los dictámenes contrarios de consejos consultivos, consejos económicos y sociales o el Tribunal Constitucional. 'Como dijo el secretario de organización del PSOE, José Blanco, en el Congreso de los Diputados, esto es una ley de amañamiento'.

Santaella ironizó sobre la propuesta socialista de bajar los impuestos del juego: 'Me alegro de que un año después asuman una iniciativa del PP'.

El representante socialista, Manuel Gracia, recordó que la ley de acompañamiento autonómica modifica seis normas y que la del Estado cambia 51. Y garantizó que se reforzarán los controles públicos sobre las disposiciones aprobadas.

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