El Consejo Fiscal plantea duplicar la estancia obligatoria en el primer destino

El Consejo Fiscal, el máximo órgano del Ministerio Público, baraja aumentar de uno a dos años la estancia obligatoria de los fiscales en su primer destino con el fin de propiciar la estabilidad de la plantilla destinada en Euskadi y Navarra. La situación de paso de los fiscales es especialmente preocupante en Guipúzcoa, donde el 60% de las plazas están ocupadas por sustitutos, porcentaje que baja al 30% en el caso de Vizcaya. En Álava, sólo uno o dos de aproximadamente 11 miembros del Ministerio Público son interinos, mientras que en Navarra todos los puestos son ocupados por titulares, según los datos estimativos de Jesús Cardenal, fiscal general del Estado. La ampliación de dicho plazo a dos años equipararía a los fiscales con los jueces, para quienes ya está establecido actualmente ese período de estabilidad.

El estudio de esta nueva medida fue anunciada ayer en Bilbao por José María Luzón, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien junto al propio Cardenal y Eduardo Torres-Dulce, fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, compareció en conferencia de prensa tras la reunión que el Consejo Fiscal celebró en la capital vizcaína.

La reunión en Bilbao pretendía mostrar la solidaridad de la carrera con todos los jueces, fiscales, secretarios y personal al servicio de la Administración de Justicia que trabajan en el País Vasco y Nvarra tras el asesinato por ETA, el pasado 7 de noviembre en Getxo, del magistrado José María Lidón.

Echar raíces

Luzón explicó que de adoptarse la duplicación del plazo sería posible que 'personas que vengan con vocación de marcharse rápidamente del País Vasco echen aquí raíces'. Agregó que ambas comunidades son tierras 'maravillosas' en las que, de resolverse la violencia de los 'facinerosos' de ETA, los fiscales 'estarán a gusto con medidas también de estímulo para esa permanencia'. Recordó que muchos fiscales que ejercen en Euskadi optan por permanecer aquí, pese a vivir una situación de angustia.

Cardenal se mostró especialmente afectado, según recalcó, por el 'dolor socializado' que expresaron sentir los fiscales que ejercen en Euskadi y Navarra, como parte de la sociedad vasca en la que están integrados. 'Cuando han empleado ese término me ha impresionado, porque yo he ejercido 37 años en Bilbao y no había oído nunca una expresión tan gráfica como esa, quizá porque estaba acostumbrado a ello', dijo.

El Consejo Fiscal hizo público un comunicado en el que expresa que el desempeño de las funciones fiscales supone el pleno ejercicio del Estado de Derecho, reconocido en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía. A renglón seguido, insta a los poderes públicos a garantizar 'con todos los medios' los derechos individuales y colectivos de los fiscales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de diciembre de 2001.

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