Pacto social

En el escenario económico-laboral que se prevé para el próximo año, dominado por la incertidumbre y la desaceleración económica, el acuerdo sobre moderación salarial alcanzado por la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT constituye un elemento positivo, que se hará sentir sobre todo en el mantenimiento del empleo y en la contención de la espiral inflacionista. A cambio de la aceptación por los sindicatos de subidas salariales que no superen la tasa de inflación prevista del 2% durante el año 2002, los empresarios se comprometen a mantener el empleo y la inversión. La trascendencia del acuerdo se mide por el número de convenios colectivos de los que será referencia: más de 4.000, que afectan a más de seis millones de trabajadores.

Este acuerdo social, que retoma la tradición de los firmados a principios de los años ochenta, no tiene, sin duda, el contenido imperativo y concreto de aquéllos. No indica una banda de aumentos salariales concretos, pero establece unos criterios orientativos suficientemente claros sobre los parámetros de negociación de los nuevos convenios: el 2% de inflación prevista, con cláusula de revisión, y compromiso de la CEOE de destinar las mejoras de productividad a creación de empleo y compensaciones salariales.

Se mire por donde se mire, el acuerdo negociado por los agentes sociales constituye un ejercicio de responsabilidad que contribuirá a contener la inflación y los gastos de las empresas, seguramente con efectos más claros y comprobables que la reforma de la negociación colectiva que pretendía aplicar el Gobierno. En todo caso, tiene la ventaja de su inmediatez y de su eficacia frente a una crisis cuyos efectos están a la vista y que necesita de urgentes medidas preventivas para conseguir que afecte lo menos posible a la destrucción de puestos de trabajo. La reforma de la negociación colectiva querida por el Gobierno seguramente es necesaria, pero habría llegado tarde a la actual etapa de desaceleración económica. En todo caso, no contaba de momento con el beneplácito de la patronal y de los sindicatos, y el Ejecutivo la suspendió ante la contrapropuesta de un pacto interconfederal de moderación de rentas salariales.

Un acuerdo, por vago que sea, es siempre más efectivo que una imposición. El Gobierno español, que inicia el próximo 1 de enero el semestre de presidencia de la Unión Europea, puede presentar ante sus socios comunitarios el activo político de este acuerdo en medio de una coyuntura negativa generalizada.