La 'cara B' del programa Ramón y Cajal

Dos meses después de resolverse el programa Ramón y Cajal, los que no consiguieron el ansiado contrato siguen buscándose la vida prolongando a la fuerza su estancia en centros de investigación extranjeros, con contratos precarios, preparando oposiciones o, en el peor de los casos, pensando seriamente en tirar la toalla.

Tanto la Federación de Jovenes Investigadores como la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología valoran el esfuerzo del Ministerio que con estos contratos de cinco años remunerados con un sueldo equivalente al de un profesor titular intenta, por primera vez y de una forma seria, profesionalizar la carrera científica en España.

Pero las críticas no le han faltado al programa. Endogámico, con un procedimiento de acceso y selección oscuro y, sobre todo, con un número de plazas insuficiente, el Ramón y Cajal, única luz al final del túnel de la precariedad, es manifiestamente mejorable.

Mientras los jóvenes investigadores están a la expectativa de una nueva convocatoria para el primer trimestre de 2002 -algunos aventuran que saldrá en enero-, un informe encargado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Comisión sobre el Personal Investigador en Formación recoge algunas de estas críticas.

El informe resalta la precariedad del personal y la descoordinación entre organismos, y pide una reforma del sistema de becas de investigación científica.

Rubén Artero, un investigador de 35 años, fue uno de los 2.807 solicitantes del Programa Ramón y Cajal pero no está entre los 800 afortunados.

Artero lleva ya casi seis años trabajando en el Sloan-Kettering Institute de Nueva York, uno de los centros de investigación y tratamiento del cáncer más prestigiosos de los Estados Unidos. Pero quiere volver a casa. Padójicamente, sus esperanzas están en el capital de una empresa privada americana. 'Se trata de la Fundación contra la distrofia muscular que quiere desarrollar un proyecto en España con la Universidad de Valencia. Creo que saldrá adelante', explica.

¿Y si no es así? 'Pediré el contrato Ramón y Cajal. Cuando salga la convocatoria tendré dos publicaciones más y mi curriculum será más competitivo'. En su opinión se ha valorado demasiado el curriculum (60%) frente al proyecto (20%) lo que ha favorecido a la gente mayor o a la que trabaja en áreas de investigación que produce resultados rápidos. 'En genética nos cuesta mucho sacar una buena publicación. Además en mi área, Biología molecular, celular y genética hay mucha competencia. Hubo 594 solicitantes y se concedieron 147', añade.

Artero considera que el Ramón y Cajal es un paso hacia adelante, pero con pegas. 'Es un esfuerzo por seleccionar a los candidatos con criterios independientes -los de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)- basados en su calidad', afirma.

Pero, como ha señalado la Asociación para el Avance de la Ciencia, la necesidad de una carta de aceptación de los centros donde desarrollar el proyecto, puede burlar las decisiones de la ANEP al favorecer a sus propios candidatos. Otra pega, según Artero, es que 'la suma para desarrollar un proyecto -900.000 pesetas- es insuficiente, lo que no te deja más opción que adscribirte a una línea de investigación en marcha'.

¿Y si no hay Ramón y Cajal? 'En ese caso, no creo que pueda volver. En España, o investigas en un organismo público o nada. Y hay muy poca inversión en ciencia. Las posibilidades de volver con un proyecto español son nulas. Estamos atrapados', se queja. Rubén, sin embargo, es optimista: 'Mi jefa aquí, en Nueva York, me seguirá contratando'.

Los contratos Ramón y Cajal al final no sirvieron para traerse a los jóvenes investigadores del extranjero. 'De los 160 que han vuelto', recuerda Ana Belén Ruescas, presidenta de Joves Investigadors, 'sólo 56 son españoles. Tampoco se han dirigido a los jóvenes: la media de edad era de 35 años y 14 de ellos superaba los 50 años', explica

La competencia es tan grande y las oportunidades tan escasas que la mayor parte de los investigadores consultados por EL PAÍS prefiere permanecer en el anonimato. Tienen tantas quejas como miedo a las represalias.

Es el caso de un médico valenciano de 40 años. Trabajó siete años en los mejores centros de Inglaterra y Estados Unidos de su especialidad, primero con becas del Estado español y luego con contratos. Entonces, todos le decían que a su vuelta querían trabajar con él, pero lleva dos años 'mirando mocos y cacas en un centro de salud'.

'Es una pena que no pueda poner en práctica en mi país todo lo que he aprendido fuera', se queja. 'Según la convocatoria, da igual que hayas estado investigando en Harvard que en Murcia. Los centros han elegido a sus propios candidatos', afirma.

Tirar la toalla

Las historias de carreras científicas truncadas al final de un largo y arduo proceso de formación en el que el Estado ha invertido importantes sumas y el investigador años de ilusión y trabajo, son innumerables.

Como la de una bióloga de la Universidad de Valencia que está planteándose tirar la toalla. Tras denegarle la Ramón y Cajal, ha solicitado uno de los 87 contratos ofertados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Considera una chapuza el procedimiento -sacar al comienzo más plazas de las que realmente había, no publicar la lista completa de los aspirantes y sus puntuaciones, que se pierdan contratos cuando el beneficiado por el Ramón y Cajal consigue otro tipo de plaza mejor-.

'De todos modos voy a quedarme una temporada en el paro: el contrato actual se me acaba este mes y no tenemos ni idea de cuándo se resolverán los nuevos', se lamenta esta bióloga. 'Lo que tengo claro es que no voy a trabajar sin cobrar como otras veces. Tengo 35 años. Si hay que dejar la ciencia, pues se deja. Y a trabajar de cajera en un supermercado', añade.

La pasada semana se aprobó en Aragón una Proposición de Ley de Izquierda Unida, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el Partido Popular, para reconocer al llamado personal de investigación en formación y perfeccionamiento todos los derechos de un trabajador, con su inclusión en la Seguridad Social.

Éste es un importante paso hacia adelante en las reivindicaciones del colectivo de Precarios que espera que el resto de comunidades autónomas tomen ejemplo. De momento, los precarios de Aragón lo serán menos: sus becas pasarán a contratos. La Proposición pasará en breve al Congreso.

Los aciertos de esta resolución contrasta, según el colectivo, con el Real Decreto que prepara el Gobierno. El borrador del Decreto, perpetrado sin la participación de los afectados, prevé incluirles en el régimen de la Seguridad Social. El problema es que 'ofrece algo, la integración en la sanidad pública que ya tenemos como ciudadanos del Estado español', explica Ana Belén Ruescas, presidenta de la Joves Investigadors. 'En el sistema científico español, un tercio del personal trabaja en condiciones precarias sin derecho laboral alguno', añade.