La crisis de las sardinas asadas

La acción se sitúa en el Palau de l'Almirall, sede de la Consejería de Economía. Hora: las tres de la tarde. Siete personas, chóferes encerrados en protesta por su situación laboral están en el interior. A partir de aquí, el cuento tiene dos versiones. María José Valenzuela, presidenta del comité de empresa de la Consejería de Economía, y una de las encerradas, es recriminada por uno de los siete agentes de la policía autonómica que entran en el edificio. Quieren confiscarle un hornillo eléctrico -de los que calientan a través de una resistencia- porque supone un riesgo para el inmueble y sus moradores. Valenzuela se niega. La policía persiste y le pide que se identifique. Ella, en sus trece. A la fuerza y esposada la llevan a comisaría, donde abren un acta y la dejan en libertad con algunos dolores, extremo que confirma el Hospital General: contractura muscular y esguince cervical. Lo siguiente es ir al juzgado, depositar el hornillo, la sartén (vacía) y un carrete de fotos para que su señoría vea la acción policial y denunciar a los uniformados por detención ilegal y abuso. Conocido el incidente, entra en escena prensa de Justicia, de cuya consejería depende la policía autonómica, y pone las cosas en su sitio: la detenida estaba asando sardinas, cosa prohibida, cuyo humo y fuego son un peligro, y que su actitud de desobediencia provocó la detención. Ante la trascendencia de los hechos, irrumpe Alicia de Miguel, consejera portavoz, y aclarara que el hornillo es de gas, que Valenzuela estaba haciendo fuego e iba a asar sardinas en una consejería. Eso sí que no. Mañana, segunda parte.