La orden de Berlusconi

Silvio Berlusconi ha terminado por aceptar la orden europea de detención y entrega, aunque con un margen tal de maniobra que le permitirá desvirtuarla, o incluso convertir lo que parece un sí, en un no. Lo que podría considerarse como la primera piedra de un eventual código penal europeo nace así oscurecido por las sombras de sospecha que arroja el dirigente italiano.

El primer ministro y magnate mediático ha dado, en principio, el visto bueno al texto comunitario con sus 32 delitos (en vez de los seis a los que quería reducirlos), que van desde el terrorismo al blanqueo de dinero, pasando por la corrupción. Pero la transposición al derecho italiano quedará supeditada a una reforma de la Constitución que ha de aprobar el Parlamento y ratificar un referéndum, pese a que algunos juristas duden de que sea realmente necesaria tal reforma de la Carta Magna italiana. En todo caso, necesita el apoyo de su socio de Gobierno, la antieuropeísta y xenófoba Liga Norte de Umberto Bossi. A esta formación pertenece el ministro de Justicia, Roberto Castelli, que la semana pasada bloqueó el acuerdo sobre una medida que permitirá sortear los largos procesos de extradición entre los miembros de la UE mediante el establecimiento de un plazo de 90 días para entregar a los detenidos que reclame la justicia de otro país. Austria y Grecia también deben modificar sus Constituciones y no han organizado embrollos tan barrocos.

Con las condiciones pactadas con el presidente de turno del Consejo Europeo, Guy Verhofstadt, Berlusconi puede prácticamente hacer lo que le venga en gana en materia de plazos, y retrasar su entrada en vigor más allá de la fecha pactada de 2004. Con ello podría garantizarse la prescripción de las acusaciones pendientes contra Il Cavaliere y algunos de sus colaboradores y diputados.

Berlusconi, que ya se ha blindado con leyes como la que le permite conservar el cargo y su imperio mediático, u otras que vienen prácticamente a despenalizar el delito de falsificación contable o a imposibilitar las comisiones rogatorias en el extranjero, puede ahora encontrar una excusa en la UE para seguir adelante en su asalto a la independencia del poder judicial. Quiere no sólo asegurarse que no le perseguirán los jueces italianos, sino tampoco los de otros países, como Garzón, instructor del caso Tele 5 en la Audiencia Nacional española.

Al comparar el caso de la euroorden con la implantación de la moneda única sólo en 12 de los 15 miembros de la UE, Berlusconi ha venido a decir que no pasa nada porque Italia no aplique eventualmente esta norma. Tales propósitos constituyen un mal presagio cuando la construcción europea se adentra en una nueva senda de reformas y constitucionalización, y una base inestable sobre la que construir la Europa de la justicia y la seguridad, complemento necesario de la supresión de las fronteras internas.

A pesar de todo, cabe recalcar que, a falta de su inminente adopción formal por los Quince, la UE ha aprobado la directiva sobre la euroorden en tiempo récord, nada habitual en la lenta vida comunitaria. Aunque se venía preparando desde hace tiempo, la Comisión Europea presentó formalmente su propuesta el 13 de septiembre, y el acuerdo en el Consejo de Ministros se alcanzó tan sólo dos meses y medio después. El ataque terrorista contra Nueva York y Washington ha servido, indudablemente, de acelerador. Pero la actitud de Berlusconi ha empañado esta proeza europea que tanto interesa a España en su lucha contra ETA. En el caso de que Italia demore finalmente su aplicación, habrá que considerar la posibilidad de que entre en vigor al menos en los 14 países restantes. Berlusconi no es de fiar, y puede dañar seriamente la construcción y la credibilidad europeas.