El Gobierno catalán renuncia a gestionar y privatizar líneas de metro

El Gobierno catalán ha pactado con la oposición la retirada de partes de un proyecto de ley que preveía una importante reducción de funciones para la Entidad Metropolitana del Transporte. Las negociaciones han sido asumidas directamente por el nuevo consejero de Política Territorial, que ha alcanzado un acuerdo con la oposición para suprimir los artículos más polémicos, que hubieran permitido al Gobierno catalán apropiarse de las líneas de metro y gestionarlas o privatizarlas.

El texto legal que se halla en el Parlament promueve el Ente Ferroviario Catalán, una empresa pública de nueva creación que, teóricamente, está destinada a ser la propietaria de las infraestructuras ferroviarias, siguiendo la directiva comunitaria europea que propone la separación entre el gestor de las vías y los operadores interesados en utilizarlas. Pero la redacción del proyecto iba un poco más allá y preveía la posibilidad de que el Gobierno catalán gestionara directamente líneas tanto ferroviarias como de metro, en detrimento de la EMT, a la que otorga las competencias una ley aprobada en 1987.

La oposición, con los socialistas a la cabeza, puso el grito en el cielo desde el primer momento y denunció lo que, en su opinión, eran dos defectos del proyecto: el intervencionismo del Ejecutivo de Jordi Pujol, que pretendía invadir competencias municipales, y la vulneración del espíritu de la directiva europea. La izquierda sostiene que esta norma, pensada para liberalizar el transporte ferroviario, afecta a trenes regionales y de largo recorrido, pero nunca a los servicios urbanos. El texto actual da la razón a la oposición.

Negociación personal

El entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, negó en un primer momento que la ley facultara al Gobierno catalán para adueñarse de las líneas de metro y privatizarlas, y ante la evidencia de que la redacción del texto dejaba abierta esta opción, se comprometió primero a no llevar a cabo la medida y después a cambiar la redacción. Pero los cambios en el Gobierno catalán se llevaron a Macias. Su sustituto, Felip Puig, asumió personalmente la negociación con la oposición, con la que alcanzó un acuerdo el pasado martes por la noche.

El compromiso alcanzado por Puig y los socialistas incluye la supresión de la parte del proyecto que faculta al Gobierno catalán para asumir directamente o por concesión a una empresa pública o privada la gestión de las líneas de tren suburbano (metro o Ferrocarrils de la Generalitat).

La oposición cree que el proyecto estaba pensado para la futura línea 9 del metro. En origen, el motivo era de índole financiera. La Generalitat financiará íntegramente esta nueva línea y proyecta pagarla por el sistema alemán (a plazos, tras su entrega), de forma que no compute como nueva deuda.

La creación de la nueva empresa, que será la propietaria de las vías actuales y podrá construir otras nuevas, abre la puerta a que se le encargue directamente la línea 9, ya que podría endeudarse con cargo al canon que tendrán que pagar los operadores (metro) por utilizar la infraestructura.