La respuesta a la ley orgánica de universidades

El éxito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilización, insólitas por la participación alcanzada desde la época franquista y de la transición, en las diferentes universidades del País Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, ha superado los pronósticos más optimistas. Tanto la huelga general universitaria del día 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los días 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con más de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la más alta institución de enseñanza e investigación de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayoría del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba más patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas políticas, ni sindicales, ni con los representantes más autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la más elemental prudencia política, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las enseñanzas que se imparten en éstas. Carece de un plan de financiación que permita lograr los parámetros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. Más bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener más interés que ingerirse en los órganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad española.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonomía universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervención en el proceso de selección del profesorado: la evaluación de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente célebre 'habilitación nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que así ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situación, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoción truncadas por la implantación inmediata del nuevo sistema. Éste desprecia la formación lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos años. ¿Es esto un parámetro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravará la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situación absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigación.

La elección de rector por sufragio universal, como se propone, es sólo una falsa imagen democrática, puesto que lo que se plantea en realidad es una elección corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicación permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participación democrática en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gestión profundamente tecnocrática.

La teórica desaparición de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantación de una reválida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentará la elitización de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayoría de las del sistema público.

Los mecanismos mercantilistas de financiación someterá a un proceso de privatización a la investigación que pasará a servir los intereses inmediatos de los grupos económicos que la paguen o que estén vinculados a círculos próximos al poder. La llamada interacción dinámica de la universidad y la sociedad permitirá justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el trámite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentación y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexión y la rectificación que la comunidad educativa les pide. Aun así la masiva protesta continuará, como continuará la resistencia a la aplicación de los aspectos más negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociación, el escrupuloso respeto a la autonomía universitaria y a los intereses generales de la sociedad.El éxito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilización, insólitas por la participación alcanzada desde la época franquista y de la transición, en las diferentes universidades del País Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Orgánica de Universidades, ha superado los pronósticos más optimistas. Tanto la huelga general universitaria del día 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los días 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con más de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la más alta institución de enseñanza e investigación de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayoría del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba más patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas políticas, ni sindicales, ni con los representantes más autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la más elemental prudencia política, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las enseñanzas que se imparten en éstas. Carece de un plan de financiación que permita lograr los parámetros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. Más bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener más interés que ingerirse en los órganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad española.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonomía universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervención en el proceso de selección del profesorado: la evaluación de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente célebre 'habilitación nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que así ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situación, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoción truncadas por la implantación inmediata del nuevo sistema. Éste desprecia la formación lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos años. ¿Es esto un parámetro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravará la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situación absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigación.

La elección de rector por sufragio universal, como se propone, es sólo una falsa imagen democrática, puesto que lo que se plantea en realidad es una elección corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicación permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participación democrática en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gestión profundamente tecnocrática.

La teórica desaparición de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantación de una reválida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentará la elitización de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayoría de las del sistema público.

Los mecanismos mercantilistas de financiación someterá a un proceso de privatización a la investigación que pasará a servir los intereses inmediatos de los grupos económicos que la paguen o que estén vinculados a círculos próximos al poder. La llamada interacción dinámica de la universidad y la sociedad permitirá justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el trámite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentación y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexión y la rectificación que la comunidad educativa les pide. Aun así la masiva protesta continuará, como continuará la resistencia a la aplicación de los aspectos más negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociación, el escrupuloso respeto a la autonomía universitaria y a los intereses generales de la sociedad.

Antoni Viñas es coordinador de Universidades del STEPV-IV.