Naranjas ahogadas por el cemento

José Olmos está desesperado. Los campos de naranjos que explota desde hace años en una ladera que baña el sol de levante se arruina a ojos vistas. La plantación convivía apaciblemente con la cantera El Porvenir, que ocupa la cima de la loma, hasta hace dos años. Desde entonces, una trituradora de áridos, que convierte piedras y cascotes en arenas, gravas o zahorra destila una fina polvareda que cubre los árboles y los suelos de su campo. Las hojas no respiran, las plantas se debilitan y se convierten en foco de todo tipo de plagas. Los frutos escasean y ofrecen mal aspecto. El suelo, año tras año, adquiere una condición más y más alcalina que, a la larga, puede complicar cualquier tipo de cultivo. La trituradora, además, carece de las preceptivas autorizaciones.

La solicitud de declaración de interés comunitario duerme el sueño de los justos

Los primeros escritos de Aristaria omiten la presencia de vecinos afectados

Una reciente sentencia judicial condena a la empresa Aristaria, propietaria de la trituradora, a indemnizar a Olmos por una cantidad equivalente al 10% de la cosecha del año 2000, a pagar el coste de tres lavados de sus naranjos y a adoptar las medidas necesarias para impedir la emisión de polvo. Pero la sentencia se puede recurrir y el agricultor se enfrenta a la necesidad de presentar una segunda denuncia para intentar recibir alguna indemnización por la merma de ingresos que sufrirá en la presente cosecha.

La pesadilla que vive José Olmos arranca con la venta de El Porvenir a la constructora Cyes, de Felipe Almenar. Aristaria, la actual propietaria, también es de Felipe Almenar. Hace dos años, en octubre de 2000, Aristaria distribuyó entre sus clientes una nota para anunciar su salida al mercado y ofrecer desde arenas trituradas de menos de tres milímetros de diámetro hasta escolleras de primera, en bloques de más de cuatro mil kilos de peso. Y la máquina empezó a trabajar para servir a los clientes sin autorización administrativa.

Aristaria se dirigió al Ayuntamiento de Riba-roja, que gobierna el PP, para solicitar una 'sustitución' de la licencia de actividad que disfrutaba la histórica trituradora de la cantera, en ese momento en desuso, semanas antes de poner las máquinas en marcha.

La primera solicitud de Aristaria data de junio de 1999. La iniciativa de la empresa fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en agosto de 2000. Y la solicitud fue remitida a la comisión provincial en enero de 2001.

Cuando Aristaria anunció sus intenciones empezaron a cruzarse informes técnicos del más diverso calado, pero todos coinciden en un extremo. El arquitecto municipal considera 'idóneo' el emplazamiento para que los responsables de la trituradora soliciten una declaración de interés comunitario, puesto que se ubica sobre 'suelo no urbanizable de grado 1'.

El ingeniero municipal alerta sobre el carácter 'nocivo' e 'insalubre' de la actividad prevista, pero concluye que, una vez tramitada la correspondiente declaración de interés comunitario y adoptadas las medidas preventivas adecuadas, sería posible conceder la licencia de actividad.

José Olmos denuncia que los primeros escritos de Aristaria para regularizar la situación administrativa de la planta omiten la existencia de posibles vecinos afectados, como es su caso. Más aún, señala que la primitiva trituradora se encontraba en una vaguada en la finca que compró Cyes en su día, mientras que la nueva se situó sobre una parcela cuya propiedad gestiona la Comunidad de Regantes del Azud de Lorca y Quint en virtud de un privilegio histórico adquirido a raíz de la muerte sin descendencia del señor de Riba-roja, quien optó por ceder a todos los labradores del pueblo la titularidad de sus predios.

La Consejería de Obras Públicas confirma que alguna vez Aristaria inició los trámites ordinarios para solicitar la declaración de interés comunitario, pero el expediente duerme el sueño de los justos tras el intercambio de algunos escritos.

La Consejería de Medio Ambiente, requerida por José Olmos para que dictara la correspondiente declaración del impacto ambiental provocado por la trituradora, se limitó a trasladar los escritos al Ayuntamiento de Riba-roja como primera instancia competente. Una vez embarcados en procesos judiciales, fuentes oficiales de Medio Ambiente alegan que no pueden interferir. También recuerdan una inspección de la Policía Autonómica que concluyó que la trituradora contaba con aspersores de riego que frenaban las emisiones de polvo y que los conductores de los camiones que circulan por los caminos de acceso a la planta habían sido invitados a moderar su velocidad para evitar polvaredas.

La sentencia dictada por el juzgado de primera instancia de Valencia señala que Aristaria alegó que considera aprobada la licencia de actividad por 'silencio administrativo' del Ayuntamiento. El mismo silencio que recibió José Olmos cada vez que solicitó a las autoridades municipales que tomaran medidas para frenar el polvillo que arruinaba sus campos, desde la inspección de la zona hasta la prohibición de la actividad.

La sentencia también considera probado que la pretensión de Aristaria de trasladar la licencia de explotación de la antigua trituradora a la nueva planta carece de rigor, puesto que antes se escondía en una vaguada y ahora se ubica en el punto de máxima altura de la cantera 'por lo que no puede pretederse una preexistencia anterior generadora de derechos'.

El juzgado de primera instancia de Valencia condena a Aristaria a compensar a José Olmos y a adoptar las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo.

Los responsables de la cantera alegan que el riego con agua combinada con ciertos productos químicos limita la polvareda. Y aluden a una cubierta vegetal, hoy raquítica, que debería detener las emisiones.

Pero cada vez que sopla poniente, los naranjos de José Olmos se cubren de un polvillo blanquecino que arruina los árboles. Y el agricultor se pregunta qué sentido tienen las declaraciones de los máximos responsables del PP cuando aseguran que gobiernan por igual para todos los valencianos.