El PNV ofrece a sus concejales de Amorebieta retirar los expedientes si no se convoca la consulta

La crisis interna suscitada entre la cúpula peneuvista y sus concejales en Amorebieta tiene todavía margen para reconducirse, según la dirección vizcaína del PNV. Representantes del Bizkai Buru Batzar se han reunido en los últimos días con la junta municipal de Amorebieta, que hasta hace poco rechazaba la planta de ciclo combinado y apoyaba el referéndum. El objetivo ha sido analizar la forma de que los ediles, que el pasado 27 aprobaron una moción que confirmaba la celebración de una consulta para el 20 de enero sobre el apoyo o no a la planta energética, reconsideren su postura.

Posteriormente, como se establece en el funcionamiento interno del PNV, la organización municipal se ha reunido con la alcaldesa y los concejales expedientados. 'Hay voluntad de la ejecutiva de reconducir esto', señalan fuentes de la dirección vizcaína. La ejecutiva provincial ha argumentado en estos encuentros que la consulta no tiene sentido tras el anuncio de la Diputación de que no cambiará el uso urbanístico del polígono de Boroa, donde prevé asentarse la central.

Consulta 'simbólica'

El acuerdo municipal aprobado (sólo con los votos del PNV y la abstención de toda la oposición) establece que, en caso de que los vecinos rechacen la central en el referéndum, el consistorio pediría el cambio urbanístico de Boroa 'de cara a suprimir los usos energéticos'. Era la limitación de la consulta popular, según recalcó la alcaldesa en el pleno municipal del pasado día 27.

'El grupo municipal tiene que ver que no hay posibilidad de recalificación de los terrenos, porque es una apuesta del PNV. Una consulta popular que quedaría en lo simbólico no tiene ningún sentido', manifestó ayer el presidente del partido en Vizcaya, Iñigo Urkullu, a Radio Euskadi.

La cúpula nacionalista insiste en que los ediles no han acatado la disciplina del partido, que, ante el rechazo a la central energética entre sus afiliados de Amorebieta, impuso hace un mes el apoyo a la planta a través de una resolución de la Asamblea Nacional, el máximo órgano peneuvista. Con ella en la mano, y basándose en los estatutos, los ediles estaban obligados a acatar el respaldo al proyecto, cuya inversión prevista asciende a casi 70.000 millones de pesetas.

Pese a las reuniones de los últimos días, los siete ediles expedientados (el PNV tiene un octavo concejal, que no está afectado al ser independiente) no han variado su postura. 'A día de hoy, la situación está como cuando se decidió en el pleno la convocatoria del referéndum', comentan fuentes de la ejecutiva vizcaína. La semana próxima será clave, puesto que expira el plazo al que se comprometió la alcaldesa para revelar al resto de los grupos municipales los detalles técnicos de la consulta popular del 20 de enero.

Urkullu reiteró ayer que los vecinos de Amorebieta 'no tienen que decidir sobre esta cuestión', ya que es el PNV 'como representante de una parte importante de la ciudadanía' quien debe liderar a la sociedad con estos proyectos.

El expediente de expulsión, pedido por la ejecutiva nacional peneuvista, el EBB, el pasado 28 de noviembre 'por incumplimiento de las obligaciones fundamentales que como afiliados/as les corresponde', aún no ha empezado a desarrollarse, confirmaron fuentes del partido. Los implicados desconocen la fecha en la que tendrán que declarar ante el Tribunal Nacional de Justicia.

[El estudio de impacto ambiental de otro de los proyectos energéticos inminentes en Euskadi, el de la planta de ciclo combinado IGCC de Petronor previsto en Abanto con una inversión de 180.000 millones de pesetas, señala que es 'ambientalmente viable'].