La sentencia del marjal de Tavernes abre la vía a nuevos aterramientos, según los ecologistas

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que absuelve al propietario de una finca y al gerente de una empresa, acusados de aterrar con lodos de mármol el marjal de La Safor en Tavernes de La Valldigna, abre la puerta a nuevos aterramientos en los humedales, según Ecologistas en Acción. Ante la dificultad de demostrar que hechos así constituyen un delito ecológico, pues los jueces sólo admiten esta posibilidad si destruye todo el ecosistema, los ecologistas buscarán por la vía del contencioso que se restaure la zona. Si los hechos quedan impunes, por lo menos que se repare el daño.

El fallo de los magistrados de la sección primera de la Audiencia Pedro Castellano Rausell, Antonio Ferrer Gutiérrez y María José Julià Igual ha supuesto para los ecologistas valencianos un mazazo parecido, respetando las escalas, al que provocó la absolución de la empresa Bolidén por los vertidos contaminantes en el parque de Doñana de las minas de Aznalcóllar. Lo que consideran un flagrante delito y un atentado evidente contra un enclave de gran valor ecológico, ha quedado nuevamente impune. Los autores, sin castigo y, lo que a su juicio es peor, el enclave destruido. Un ejemplo, dicen, nada edificante para los propietarios de terrenos en similar situación.

Los hechos se destaparon en verano de 1998, cuando se descubrió que unas balsas del valioso marjal de La Safor habían sido aterradas con desechos de la empresa Mármoles Compac. La técnica es la usada tradicionalmente en la Comunidad Valenciana para destruir humedales y converirlos en tierras de cultivo. Se extrae el fértil limo del fondo de la balsa, se rellena el hueco con todo tipo de escombros y residuos hasta alcanzar un nivel óptimo que aleje el nivel freático de la superficie cultivable y se vuelve a extender el limo. El resultado, sin duda, es muy rentable: con poco dinero se ha transformado una lámina de agua en una valiosísima tierra de regadío, y además se ahorra el dinero que costaría llevar los residuos a un vertedero autorizado y correctamente gestionado.

Tras descubrirse la agresión al enclave, un humedal de 1.295,2 hectáreas entre Tavernes, Gandia, Xeresa y Xeraco e incluido en el Catálogo de Zonas Humedas (CZH) de la Comunidad Valenciana, aún no aprobado por la Consejería de Medio Ambiente aunque reconocido en decenas de informes de la Administración, el fiscal de medio ambiente abrió un expediente. Los ecologistas también denunciaron. A su juicio, tanto la ley estatal de Aguas, que prohíbe transformar los humedales, como la ley autonómica 11/94 de Espacios Naturales Protegidos, que protege las zonas húmedas, impiden expresamente este tipo de actuación.

El fiscal lo tenía claro, el enclave es un humedal. Los ecologistas, aún más si cabe, ya que vieron cómo desaparecían numerosas balsas de la zona húmeda. Y tanto los técnicos de la consejería como el perito que testificó en el juicio avalaron las características húmedas del entorno. Y aunque los conservacionistas sabían que es difícil imputar un delito ecológico, ya que no basta con la destrucción de un enclave valioso sino que los jueces piden a la acusación que se pruebe que todo el ecosistema ha quedado dañado, sí esperaban que quedara demostrado un delito contra el hábitat de especies animales y vegetales protegidas. Y, por supuesto, que se ordenase la restitución del paraje a su estado natural.

'Secano a regadío'

La sentencia considera probado que Francisco Sanchis transformó una finca de 42 hectáreas en la partida de El Ràfol de Tavernes. Pero, en palabras textuales de los magistrados, 'convirtiéndola de secano en regadío, al amparo de la ley de Reforma de Desarrollo Agrario', una norma franquista, de 1973, y, por ello, derogada por la ley de Aguas, recuerdan los ecologistas, que además desmienten que el terreno antes fuera un cultivo de secano.

De hecho, hasta los magistrados reconocen que el terreno era 'suelo no urbanizable de especial protección, zona húmeda', aunque especifican que 'fuera de los espacios naturales protegidos por la ley 11/94 de la Generalitat Valenciana', que, por supuesto, no enumera los humedales. Sin embargo, los ecologistas aseguran que según esa ley todos ellos están protegidos estén o no incluidos en el catálogo (aún no aprobado y que sí contempla el enclave de Tavernes). 'Eso es como si yo te mato pero luego digo que no pasa nada porque el Código Penal no cita tu nombre', exclama José Luis Ramos, abogado de Ecologistas en Acción.

Pero uno de los puntos que más indigna a los ecologistas es el razonamiento, en la sentencia, que dice: 'El artículo 103 de la Ley de Aguas difílmente puede aplicarse al caso, al calificar de zona húmeda las pantanosas o encharcadizas, condiciones que parecen situar lejos de las mismas a la zona de secano [la de la fotografía] que ocupa la finca, aunque fuera inundable'.

Dos de los tres magistrados que firman la sentencia son los mismos que cerraron en falso desde la Audiencia la vía penal del caso del marjal de Massamagrell, quitándoselo a la juez de ese municipio y sin dar a los ecologistas posibilidad de recurrir, una medida que tuvieron que rectificar apenas unos días más tarde. Finalmente fueron corregidos por el Tribunal Supremo, que volvió a abrir el caso.