Los Quince mantienen sus discrepancias sobre la euroorden

Los embajadores de los Quince no lograron ayer en Bruselas grandes avances sobre la orden europea de detención y entrega. Pese a que mantuvieron una reunión desde la mañana hasta altas horas de la noche, optaron por pasar la patata caliente a los ministros de Justicia e Interior, que se verán hoy y mañana en la capital comunitaria. Italia pone las mayores objeciones porque no quiere que la euroorden se aplique a los delitos de corrupción y fraude ni que tenga carácter retroactivo.

A media tarde, la presidencia belga de la UE puso sobre la mesa una fórmula de compromiso que hoy tendrá que ser analizada por los ministros. En el documento se indica que la euroorden, por la cual una decisión judicial en cualquier Estado será válida en toda la UE y supondrá extradiciones casi automáticas, será aplicable a un listado de 30 delitos, que van desde el terrorismo a la trata de seres humanos, pasando por la estafa, la corrupción o el fraude.

Italia quiere que, como máximo, se aplique sólo a seis delitos, entre los que no figura ni el fraude ni la corrupción porque, de lo contrario, podría afectar teóricamente a miembros de su Gobierno, empezando por el propio Silvio Berlusconi. Ningún país apoya explícitamente a Italia en este terreno.

Relacionado con esa misma cuestión, la presidencia belga propone que la euroorden sea retroactiva y pueda aplicarse a delitos cometidos desde 1993, año del Tratado de Maastricht que sentó las bases para una colaboración judicial de los Quince. Consciente de que Roma se opone aún con más énfasis a este punto, Bélgica señala que se puede hacer una excepción con Italia, a cuyos ciudadanos sólo se les aplicaría la euroorden a partir de la fecha de su entrada en vigor, en enero de 2003. Nadie acepta semejante fórmula e incluso los italianos no la ven con buenos ojos.

El tercer punto de discrepancia también se refiere a los límites mínimos de penas sobre los que aplicar la euroorden. La Comisión propuso, y así lo apoyaron Francia y España, entre otros, que sea aplicable a toda persona perseguida por delitos castigados con más de un año de cárcel. Luxemburgo y otros países quieren elevar el listón a cuatro años. Bélgica propone ahora dos.

Ésas serán las principales diferencias que intentarán lidiar hoy los ministros de Justicia e Interior, con el fin de que los líderes europeos den su visto bueno definitivo en la cumbre de Laeken-Bruselas, el 14 y 15 de este mes.

Con respecto a la elaboración de una lista europea de organizaciones terroristas, las diferencias entre los Quince son tan profundas y variadas que los embajadores aparcaron ayer el problema sin apenas discusión para debatirlo en los próximos días. Los representantes ante la UE han llegado a manejar criterios legales incluso para elaborar cuatro tipos de listas. Aunque el mandato de los líderes europeos del 21 de septiembre señala que la lista debe estar elaborada antes de fin de año, numerosas fuentes coinciden en asegurar que será muy difícil, si no imposible, que se llegue a un mínimo acuerdo.

En ninguna de las fórmulas legales que se analizan encaja la inclusión de Batasuna, en contra de las tesis defendidas por el Gobierno español, que ahora analiza otras opciones, como la de citar en alguna de las listas a personas que hayan sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo y que pertenezcan a grupos próximos a ETA.

Los ministros de Justicia también intentarán hoy cerrar un acuerdo para que el 1 de enero entre en funcionamiento real Eurojust, integrado por magistrados de toda la UE y cuya misión en el terreno judicial será similar a la que desarrolla Europol en el terreno policial.

Europol y Estados Unidos firmarán hoy en Bruselas un acuerdo que permita el intercambio permanente de información entre las policías europeas y las agencias estadounidenses como el FBI, la CIA o los servicios de aduanas.