La Junta mantiene el pacto de financiación pese al desacuerdo sobre el impuesto de la gasolina

El nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno central y 15 comunidades en julio no corre peligro por la polémica suscitada entre PSOE y PP por la aplicación de un nuevo impuesto sobre las gasolinas. 'Es un impuesto que el Gobierno central impone para cuadrar sus cuentas, que no estaba en el modelo y con el que estamos totalmente en desacuerdo; es un trágala, pero si lo aplican tendremos que aceptarlo', admitió ayer la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien insistió en que la Junta no subirá el tramo autonómico previsto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, condicionó el pasado lunes el desarrollo del modelo de financiación autonómica pactado en julio a la aplicación del nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, que incluye una subida de 4 pesetas por litro de gasolina en el tramo estatal y la posibilidad de que los Ejecutivos autonómicos incrementen el coste del litro en 1,6 pesetas más (hasta 4 pesetas más a partir de 2004). 'Esto es un todo que no se puede parcelar, o se está dentro o se está fuera', dijo Montoro, quien pidió a la Junta 'moderación en el lenguaje político' por sus críticas al impuesto.

'Que no provoque más, que no vamos a caer', replicó ayer Álvarez, quien insistió en que 'lo que hay desde julio es un buen acuerdo de financiación que cinco meses después no se ha llevado al papel porque el Gobierno no convoca a las comisiones mixtas con cada comunidad'. La consejera de Economía dejó claro que, como las otras cinco autonomías gobernadas por los socialistas (Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, Baleares y Asturias), la Junta de Andalucía se opone a la aplicación del nuevo impuesto y no se acogerá a la posibilidad de instaurar un tramo autonómico (1,6 pesetas más). 'Es mentira que sirva para financiar la sanidad autonómica; que el Gobierno no se esconda detrás de las comunidades, que peche con sus decisiones', afirmó Álvarez.

El Gobierno central pactó una subida de 350.000 millones de pesetas el nuevo modelo de financiación, que repartirá 8,6 billones de pesetas anuales entre 15 comunidades autónomas. Cinco meses después, Hacienda, ante la desaceleración económica que se avecina, ha llegado a la conclusión de que sólo podrá lograr 250.000 millones adicionales para 2002. Con la recaudación del nuevo impuesto, el Gobierno prevé compensar los 100.000 millones restantes, que ha vinculado a las necesidades de financiación sanitaria.

Hacienda se escuda en que este nuevo gravamen fue planteado por las comunidades. El PSOE, por contra, recuerda que lo que se propuso fue un estudio para el primer semestre de 2002 y que se analizaba una tasa exclusivamente autonómica.