La fiscalía de Lanzarote responsabiliza al controlador de un accidente áereo

Un fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés Rodríguez, ha pedido, por primera vez en España, una pena de prisión para un controlador por un accidente aéreo, ocurrido en 1998 en Lanzarote, en el que fallecieron cuatro personas. El fiscal reclama tres años de cárcel y la pérdida de su título profesional para Germán G. G., al que considera responsable de un delito de imprudencia en el tráfico aéreo. Además, pide que se declare la responsabilidad civil de AENA por un importe de 200 millones de pesetas. Fomento aún no ha concluido la investigación sobre el siniestro.

La insistencia de Esperanza Ruiz, esposa del piloto fallecido, ha mantenido vivo a duras penas durante casi tres años este caso, que será juzgado en febrero de 2002.

El fiscal Pallarés estima que el controlador es autor de un delito de imprudencia en el tráfico aéreo, que costó la vida, el 27 de agosto de 1998, a José Antonio Roca-Rey Ruiz Tapiador, piloto de la aeronave, y sus pasajeros Azucena Ruiz Mancebo, María Ángeles López García y José Javier Viana López. Los cuatro regresaban al aeropuerto de Lanzarote tras realizar un vuelo turístico por la isla.

En el escrito en el que se pide la apertura de juicio oral al Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife, el fiscal elabora un detallado relato del accidente en el que la avioneta Cessna 172 se precipitó al mar. La narración dice que a las 19.11 de ese 27 de agosto, el piloto Roca-Rey pidió instrucciones a la torre de control de Lanzarote 'para su ingreso en el circuito de tránsito para aterrizar'.

El acusado le dio permiso para hacerlo en 'el tramo base izquierda de la pista 03'. Allí se colocó la avioneta cuando, el controlador comunicó al piloto que antes de tomar tierra debía dejar libre el camino para que aterrizara un aparato y despegara otro. Por ello, German G. G. le dio instrucciones para que siguiera haciendo esperas 'sin indicarle el sentido de los virajes que debía realizar'.

Cuando los aviones de los que había sido informado el piloto ya habían efectuado sus maniobras, Roca-Rey volvió a pedir autorización para tomar tierra. Pero el acusado se lo negó y le dijo que antes lo iba a hacer un Boeing 757 de Air 2000, 'no informando el acusado de la estela turbulenta que iba a dejar ese avión'. Es más, cuando el piloto de la Cessna le pidió más datos sobre ese gran avión, del tipo medio-pesado, el acusado le indicó que se encontraba a unas cinco millas (unos diez kilómetros) 'girando para aterrrizar'.

'Estela de turbulencia'

A las 19.20, el controlador pidió a la avioneta que hiciera una maniobra para permitir el despegue de otro aparato, a lo que el piloto contestó 'que no puede hacerlo, que estaba en final y que reduciría al máximo para que pudiera despegar la nueva aeronave'. 'En esos momentos, el Boeing sigue descendiendo para aterrizar, pasando por encima de la avioneta, dejando una estela de turbulencia que al afectar a la situación de la avioneta provoca que ésta pierda el control y se estrelle contra el mar, falleciendo el piloto y los tres pasajeros de la referida aeronave'. Punto y final del relato del fiscal.

El ministerio público ha formulado una petición de cárcel superior en un año a la que había pedido el abogado de Esperanza Ruiz, el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández. Éste había reclamado 'dos años de prisión por el delito de impericia en el tráfico aéreo y de homicidio imprudente' y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer de controlador.

Pallarés y Hernández coinciden en exigir que se declare la responsabilidad civil del organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), una responsabilidad que cifran en 200 millones. El fiscal, además, quiere que el controlador indemnice con 30 millones a las familias de cada uno de los fallecidos y que, si no puede pagar, lo haga AENA.

Esperanza Ruiz ha interpretado esta petición del fiscal como el paso final de su particular odisea, durante la que se ha costeado de su bolsillo cuatro peritajes y varios viajes a los organismos internacionales de aviación (incluso a Canadá), localizó al piloto del Boeing (Wayne de Lisle Bayley, citado como testigo) e incluso chocó verbalmente con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, en los pasillos del Senado, donde Ruiz pidió al ministro que acelerara la investigación que debía llevar a cabo la llamada Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

El informe no está acabado, motivo por que el fiscal Pallarés dice en su escrito: 'El fiscal interesa que la prueba pericial, reiteradamente solicitada a la CIAIAC (Fomento), una vez practicada y recibida en el juzgado, deberá unirse a los datos como prueba documental'. Dicha comisión tiene pendientes de investigación desde 1998 casi dos centenares de informes de siniestros, a pesar del plan para descongestionarla que Álvarez-Cascos anunció a mediados de este año. Sobre este accidente, el último boletín de la comisión decía: 'Continúa la investigación'.