Ecologistas de Girona denuncian al Gobierno de CiU por incumplir la ley de espacios naturales

La Associació Naturalistes de Girona (ANG) ha demandado a la Generalitat ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el incumplimiento continuado de las obligaciones derivadas de la Ley de Espacios Naturales. El colectivo ecologista recuerda que el programa de desarrollo de los planes de espacios de interés natural (PEIN), según el cual debían dotarse de protección efectiva 141 espacios naturales, tenía que ejecutarse entre 1993 y 1996.

A los nueve años de la aprobación de la ley, la mayoría de los espacios no sólo no tienen el plan especial de protección, sino que ni siquiera se han delimitado definitivamente. De los 11.063 millones de pesetas de inversión que debían recibir estas zonas naturales durante los cuatro primeros años, sólo se hicieron efectivos 1.102.

En la denuncia se repasa la situación actual de importantes zonas naturales de las comarcas de Girona que no tienen la protección que les garantizaba la ley. También se evidencia el incumplimiento de las mínimas dotaciones presupuestarias que debían destinarse a estos espacios.

Enric Pardo, portavoz de la ANG, advierte de que con la denuncia se pretende crear un precedente para evitar que el Parlament apruebe leyes que después no se cumplen. Pardo cita las leyes forestal, de acceso movilizado al medio natural y de residuos como ejemplos de dejadez en el ámbito del medio ambiente. El letrado de los ecologistas, Eduard de Ribot, explica que el objetivo de la demanda es obtener un dictamen judicial que demuestre que se ha incumplido una ley y, seguidamente, una condena por la que se obligue a la Generalitat a ejecutar todo lo que queda pendiente y a dotar de presupuesto efectivo a la ley.

Antes de recurrir al TSJC, se había cursado la pertinente denuncia administrativa ante la Generalitat, a la que también se adhirieron colectivos ecologistas de Lleida y Tarragona. La Generalitat admitió entonces que el desarrollo de los PEIN no había seguido el calendario previsto, pero advirtió de que tal desarrollo no tenía carácter vinculante.