El gobierno, núcleo esencial

'Se puede tal vez decir como excusa de las malas formas que no son más que formas. Pero es un error. Las formas crecen a partir de los principios y operan para dar continuidad a los principios a partir de los cuales crecen. Es imposible poner en práctica una mala forma en cualquier cosa si no es con base en un mal principio. No puede estar enraizada en uno bueno. Allí donde las formas en cualquier gobierno son malas, se tiene una indicación cierta de que los principios lo son también'. Estas palabras de Thomas Paine, escritas hace ya más de doscientos años (Rights of man; Collected Writings; The Library of America; NY, 1995; página 489), parece que estuvieran pensadas para la manera de proceder del Gobierno y de la mayoría parlamentaria del PP en su pretensión de imponerle la LOU a la sociedad española en general y a la Universidad en particular.

Es posible que la memoria me falle, pero no recuerdo que se haya aprobado ni una sola ley desde la entrada en vigor de la Constitución con tan malas formas, esto es, insultando tanto al sector directamente afectado por la norma o a los partidos de la oposición que a ella se oponen. Los rectores han sido (des)calificados como 'progres trasnochados' nada menos que por el presidente del Gobierno. Los estudiantes han sido tachados por la ministra de vagos ignorantes que ni siquiera se han molestado en leerse la ley y que protestan, en consecuencia, sin conocimiento de causa. Los profesores han sido presentados, también por la ministra en sus declaraciones en Hoy por hoy, el miércoles 21, como portadores de intereses exclusivamente corporativos más propios de la 'democracia orgánica' de la época de Franco que de un Estado social y democrático de derecho. La oposición del PSOE a la LOU ha sido calificada por Javier Arenas como 'antigua, retrógrada, cavernícola y contrarreformista'.

Cuando éstas son las formas, ¿se puede tener razón en el fondo? ¿Necesitaría insultar de esta manera el Gobierno si estuviera convencido de la bondad de la LOU para la Universidad española? ¿Por qué en lugar de vencer con su mayoría absoluta no pretende convencer con argumentos?

Las preguntas se responden por sí mismas. Nadie discute que la mayoría parlamentaria del PP tiene legitimidad democrática para aprobar la LOU. Pero dicha mayoría parlamentaria no debería olvidar que la ley no sólo es voluntas sino también ratio y que debe poder ser justificada en términos de racionalidad y no sólo de poder. En democracia no se puede tener razón contra la mayoría parlamentaria, pero no se tiene la razón por el solo hecho de ser la mayoría parlamentaria.

La verdad es que no se entiende muy bien la manera de proceder del Gobierno. No creo que haya casi nadie en la Universidad española que considere que la LRU no debe ser reformada. Nadie defiende la intangibilidad del actual marco jurídico universitario. Todo el mundo sabe que la LRU se hizo muy deprisa, inmediatamente después del acceso al Gobierno del PSOE, porque la situación era literalmente insoportable al seguir en vigor la legislación universitaria de la época de Franco. Y todo el mundo reconoce que, aunque el balance de la aplicación de la ley no es negativo, la norma es manifiestamente mejorable.

Quiere decirse, pues, que no había en la Universidad mal ambiente para encarar una reforma de la LRU. Al contrario. Había un consenso bastante generalizado en la necesidad de reformarla, aunque no lo hubiera todavía en los términos en que habría que hacerlo. Esto es lo que se tendría que haber alcanzado en el debate del proyecto de ley, que antes de ser tramitado parlamentariamente tendría que haber pasado por un debate en la sociedad, en el que habrían tenido que participar los destinatarios inmediatos de la norma, pero también empresarios, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales, etcétera.

Con el proyecto de la LOU se tendría que haber hecho lo que se hace con cualquier otro proyecto de ley. ¿O es que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del Código Penal se podría haber hecho sin que se hubiera pronunciado sobre el texto articulado el Consejo General del Poder Judicial, sin contar con la opinión de jueces y abogados, sin evaluar el coste económico de la reforma y hubiera podido ser tramitada por el procedimiento de urgencia sin debate parlamentario alguno?

Nuevamente la pregunta se responde por sí misma. ¿Por qué, entonces, se ha procedido con la Universidad de la forma en que se ha hecho? ¿Es que la situación de la Universidad era tan insoportable y estaba internamente tan corrompida como para que la reforma tuviera que hacerse de manera perentoria y sin contar con los miembros de la comunidad universitaria?

Me temo que sí, que éste es el diagnóstico al que responde el proyecto de la LOU, aunque no se atreva a formularlo de manera expresa. Pues, de lo contrario, no se entiende nada. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que con la Universidad no se puede contar para hacer ningún tipo de reforma. Está tan viciada de raíz que hay que proceder de manera quirúrgica y a toda velocidad.

Ésta es la razón por la que la LOU más que una ley de reforma de la Universidad, es una ley de reforma del gobierno de la Universidad. El obstáculo para la reforma de la Universidad es su forma de gobierno. La fórmula parlamentaria de gobierno, diseñada en la LRU, ha degenerado en una dirección oligárquica, que ha corrompido por completo el funcionamiento de la institución. Formalmente la fórmula es democrática, pero materialmente no sólo no lo es, sino que no tiene posibilidad de ser reformada, ya que ha implicado a tantos profesores, alumnos y personal administrativo en una práctica viciosa, que únicamente puede ser sustituida por otra fórmula distinta.

Éste es el núcleo esencial de la LOU. Por eso los rectores y los claustros han sido identificados como los malos de la película, con los que hay que acabar de manera inmediata. El problema principal de la Universidad es su fórmula de gobierno. Si no se la sustituye por otra distinta, será imposible cualquier operación de reforma. La actual lo acaba corrompiendo todo.

A ello responde la sustitución de la elección del rector por el claustro por la eleccióndel rector por sufragio universal directo, que es una fórmula inédita en derecho comparado. Puesto que no se puede contar con la Universidad tal como está gobernada en este momento para hacer la reforma, habrá que imponérsela primero y hacerla efectiva después mediante una autoridad universitaria unipersonal que no tenga que responder de su gestión ante la propia comunidad universitaria. El rector de la LOU tiene legitimidad democrática en su origen, pero ningún control democrático en el ejercicio de su cargo. El claustro no controla ordinariamente la gestión del rector, sino que únicamente puede destituirlo por mayoría de dos tercios, es decir, prácticamente nunca.

Corolario de este diagnóstico es la politización partidaria de la Universidad, que no sé si es el objetivo que parece buscarse, pero que va a resultar inevitable. Una elección por sufragio universal directo, cuando el cuerpo electoral es tan numeroso como lo es el de las universidades de hoy, va a exigir una financiación considerable, a la que no se va a poder hacer frente individualmente. Los candidatos a rector van a acabar siendo inevitablemente candidatos de partidos.

Hace unas semanas, Félix de Azúa se quejaba en su columna de contraportada de los miércoles de que el debate sobre la reforma de la Universidad se estuviera reduciendo al debate sobre el gobierno de la Universidad. Tenía toda la razón. Pero es que ése es el debate que la LOU nos ha impuesto. Ése es el núcleo esencial de la LOU. Todos los que estamos dentro sabemos que no es verdad que cambie el sistema de acceso al profesorado ni que se vaya a introducir un procedimiento de evaluación de la calidad de todas las universidades del conjunto del sistema. La LOU en este terreno incorpora la trampa que permite excepcionar los principios que establece. La superación de la endogamia y el control de la calidad es pura retórica. Es el gobierno de las Universidades y nada más que el gobierno lo que se pretende reformar. Y ése no es el problema de la Universidad.

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.