Trabajo reducirá un 30% el salario de 11.000 empleados de ayuntamientos

La reforma laboral modifica la fórmula de contratación por obra y servicio utilizada hasta la fecha por las corporaciones locales para dar trabajo a desempleados y que se convierte desde el 1 de enero en contratos de inserción. Este cambio supone que las subvenciones a estos contratos cubran sólo los salarios mínimos establecidos en cada categoría. La medida supondrá que las alrededor de 11.000 personas contratadas cada año en los ayuntamientos valencianos pueden perder un 30% del salario, según CC OO.

La principal crítica sindical a la reforma laboral aprobada este año por el Gobierno español se centraba en su inutilidad para combatir la precariedad del empleo. En este sentido, una de las modificaciones introducidas en esta reforma se refiere a la contratación de desempleados por parte de las corporaciones locales, y que van dirigidas principalmente a los colectivos más desfavorecidos (parados de larga duración, mujeres, jóvenes, inmigrantes y colectivos marginales). Desde el 1 de enero los ayuntamientos que tengan programas para contratar a estos colectivos utilizarán la modalidad de contrato de inserción, que sustituye al de obra y servicio. Este cambio también conlleva una variación en la subvención de estos contratos, que hasta ahora ha subvencionado por completo el Estado y que a partir de 2002 cubrirá exclusivamente el salario mínimo interprofesional establecido en cada categoría.

En la práctica, la medida repercutirá en el salario de los alrededor de 11.000 desempleados valencianos que cada año trabajan en algún momento y por un máximo de 9 meses acumulados para corporaciones locales, según estima CC OO. Estos desempleados pueden perder entre un 25% y un 30% del salario. El sindicato calcula que este cambio supone que los ayuntamientos dejen de percibir más de 2.000 millones de pesetas para contratar el mismo número de desempleados. La pérdida no se traduce en una reducción de los fondos contemplados en el presupuesto de la Generalitat del año próximo para este fin, que crecen en 1.300 millones. El sindicato teme que la intención es posibilitar más empleos pero abaratar y precarizar la contratación.

Comisiones Obreras explicaque ha estado buscando soluciones 'a nivel estatal y autonómico', sin resultado. El Servef, según indica, argumenta que no dispone de fondos propios para paliar esta situación. Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con algún responsable del Servef para completar la información. Además, el cambio contractual, coloca en una situación difícil a los ayuntamientos, que CC OO espera que opten por aplicar su convenio los que lo tengan o el del sector en el que contraten al desempleado. Los ayuntamientos tendrán el año próximo la disyuntiva de garantizar el mismo salario que el trabajador ha recibido hasta el momento, con el sobrecoste que supone, o de incumplir el convenio y que el trabajador gane menos. CC OO espera dirigirse junto a UGT a los ayuntamientos para instarles a que pidan el cambio de esta fórmula de contratación, posible porque la reforma deja la puerta abierta a modificaciones.