Bruselas investiga si la fusión entre Bazán y Astilleros encubre ayudas públicas
La Comisión cree que las operaciones realizadas son 'incompatibles' con la normativa del sector
La fusión de Astilleros Españoles con Bazán está bajo sospecha. La Comisión Europea decidió ayer investigar 'todas las transacciones' que permitieron crear el grupo naval IZAR y, de forma especial, las condiciones de compra de los 12 centros de Astilleros Españoles y de la SEPI por parte de Bazán, que pagó una peseta por cada uno. La Comisión considera que las operaciones realizadas para la fusión son 'incompatibles con las normas de ayudas al sector' y que pueden ser subvenciones públicas encubiertas. Además, sostiene que se siente engañada porque en 1997 autorizó fuertes ayudas a los astilleros.
La fórmula que llevó a cabo el Gobierno español para crear un único grupo público naval fue la de fusión de los astilleros civiles (encuadrados en AESA) con los militares (encuadrados en Bazán). La fusión se articuló como una compra de Bazán de los centros de AESA por una peseta. Esta fusión se anunció en julio de 2000. Los responsables del Gobierno de Bruselas creen que el precio pagado por esos centros (de una peseta por cada uno) 'era tan bajo como para conferir una ventaja económica al nuevo grupo'.
Bruselas empezó a investigar antes del verano las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno para reestructurar el sector naval español, que atraviesa una delicada situación de competitividad.
En un primer momento puso la lupa en la venta realizada por Astilleros Españoles de sus centros en Juliana y Cádiz, así como la fábrica de motores para buques de la SEPI en Manises por 10.000 millones de pesetas. Esta operación se realizó en el mes de diciembre de 1999 y fue previa a la fusión. Buscaba la salvación in extremis de AESA, que contaba con un patrimonio neto negativo de 9.000 millones de pesetas y bordeaba la suspensión de pagos.
Ahora, la Comisión Europea ha decidido investigar la segunda operación de compra que permitió a la entonces Bazán adquirir los astilleros civiles de Astano, Puerto Real, Sestao y Sevilla porque considera que ambas 'están estrechamente ligadas'.
Los servicios del comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, quieren investigar con detalle todos los pasos que han llevado a la fusión de los astilleros en el grupo IZAR, porque dudan seriamente que la compra constituya 'una verdadera operación de mercado' y, por lo tanto, consideran que, en principio, existe una subvención pública al nuevo constructor naval 'incompatible con las normas sobre ayudas al sector'. La Comisión Europea se siente, además, engañada porque en 1997 ya autorizó un importante paquete de ayudas a los astilleros para recuperar su competitividad, siempre y cuando se respetaran una serie de criterios estrictos. Además, el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, defendió a capa y espada en Bruselas el mantenimiento de las ayudas a los astilleros. El testigo está ahora en manos del Gobierno español, que debe justificar ante Mario Monti que detrás de esa operación no hay ayudas encubiertas.
Los astilleros públicos españoles han sido un reguero de pérdidas para las arcas públicas españolas. Desde el año 1990 hasta hoy las ayudas públicas han sido de 830.000 millones de pesetas, que se ha distribuido en cuatro planes de ajuste. El primero fue el Plan de Reconversión 1984-1987; el segundo, el Programa de Reestructuración 1987-1990; el tercero, el Plan de Actuación de los Astilleros Públicos 1991-1993, y el Plan Estratégico de Competitividad 1994-1998. Aparte de las ayudas, las pérdidas de AESA desde 1984 a 1999 fueron de 408.000 millones de pesetas, y las de Bazán, de 105.740 millones en ese periodo. Ambos perdieron 21.640 empleos.
La Comisión Europea decidió en agosto de 1997, de forma excepcional, una importante ayuda para la reestructuración (dentro de los 830.000 millones mencionados) para que volviesen a ser rentables en 1998. Una de las condiciones de esa ayuda era que los astilleros no recibieran ningún otro apoyo en su reestructuración, compensación de pérdidas o privatización. Ahora, con IZAR, el Gobierno español prevé unos beneficios de 4.700 millones de pesetas en el año 2005, según informó al presentar la nueva empresa en dieciembre de 2000.
